El exgobernador Sergio Urribarri cumple su pena en la Unidad Penal N.° 9 de Gualeguaychú alojado en un pabellón junto a homicidas, delincuentes peligrosos y agresores sexuales, entre los que se encuentra un vecino de San Salvador condenado por abuso sexual. El clima de hostilidad y las continuas amenazas reabren el debate en el sistema penitenciario sobre su seguridad.
El clima interno en la Granja Penal El Potrero (Unidad Penal N.° 9 de Gualeguaychú) se alteró de manera drástica desde la llegada del exgobernador Sergio Urribarri el pasado viernes 11 de septiembre. Alojar a una figura de altísimo perfil público en un pabellón común encendió las alarmas de las autoridades penitenciarias, que enfrentan un cuadro de permanente tensión, amenazas y exigencias por parte de la población penal.
Urribarri fue ubicado en el sector destinado a internos mayores de 60 años, una infraestructura pensada originalmente para 14 personas que en la actualidad alberga a 20 detenidos. Se trata de un régimen semiabierto donde las celdas no se cierran con llave y los reclusos circulan con libertad por pasillos, patios, baños y cocina.
Una convivencia rodeada de criminales peligrosos
A pesar de la menor presencia de guardias, la libertad de circulación se convirtió en una constante amenaza para la integridad física del exmandatario debido al perfil del resto de los reclusos alojados en el mismo pabellón.
Entre los internos se destacan condenados por delitos de suma gravedad, como Oscar Siboldi —responsable del triple crimen de Bajada Grande en Paraná—; Manuel Miranda —cazador furtivo de Colón condenado por un homicidio a puñaladas—; Edgardo Vallaro —condenado por prostitución de menores y ataques a guardias—; además de diversos reclusos con antecedentes por robos calificados y violencia de género.
Asimismo, en el pabellón se aloja un nutrido grupo de agresores sexuales. Entre ellos se encuentra Carlos Cleen, oriundo de San Salvador, quien purga una condena de 8 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor de edad de su entorno familiar. En el mismo espacio cumplen pena otros condenados por abusos y corrupción de menores, como Jorge Fochesato (Chajarí), Horacio Poggio, Ángel Constantino (exintendente de Gilbert) y el pastor evangélico Armando Morinigo, con más de 20 años de pena.
Según informes técnicos del Servicio Penitenciario, varios de estos reclusos presentan cuadros psiquiátricos severos, consumos problemáticos y conductas inestables, constituyendo un entorno riesgoso. Los únicos presos del sector que no están vinculados a hechos de violencia o abusos son los condenados por delitos contra la administración pública o estafas: Pedro Báez, Juan Pablo Aguilera, el abogado concordiense Pedro De la Madrid y el propio Urribarri. Fuente: Análisis.
