La sesión del Concejo Deliberante realizada el pasado miércoles por la noche estuvo marcada por un hecho inusual: la presencia de dos efectivos de la Policía Departamental San Salvador que custodiaron el cuerpo legislativo, ubicado en la planta alta de la Municipalidad. Esta medida de seguridad fue implementada tras las amenazas recibidas por un concejal del vecinalismo, relacionadas directamente con la reciente aprobación de la remoción del contador municipal Eduardo Suárez.
En la sesión anterior, Suarez fue removido de su cargo con 7 votos a favor, incluyendo los 6 del bloque oficialista «Juntos por San Salvador» y uno del vecinalista Daniel Grandi. Los tres concejales del Justicialismo optaron por abstenerse, mientras que Yamila Santos, compañera de bancada de Grandi, no asistió a la sesión, evitando así tomar una postura pública sobre el tema.
La decisión de Grandi de apoyar la remoción de Suarez no fue tomada a la ligera. A pesar de que el oficialismo contaba con los votos suficientes para destituir al contador, el concejal vecinalista manifestó su apoyo al pedido del intendente, basándose en sus principios y en la gran cantidad de pruebas que documentaban las irregularidades cometidas por Suarez desde la asunción del presidente municipal Jorge Zambon. Sin embargo, esta postura le valió una serie de presiones y amenazas, siendo acusado de traición por miembros de su propio espacio político, liderado por Hugo Berthet.
Un dato relevante en este contexto es que Suárez formaba parte de la nueva lista del Partido Justicialista, controlada por el sector de Berthet tras la salida de Lucas Larrarte y Marcelo Berthet. A pesar de las especulaciones sobre la negativa de los concejales vecinalistas a apoyar la remoción de Suárez debido a esta situación, Grandi mantuvo firme su decisión.
La gravedad de las amenazas recibidas por el concejal Grandi derivaron en la intervención policial durante la última sesión del Concejo, marcando un precedente en los 41 años de democracia de la localidad. Esta situación refleja la tensión política en un sector de la oposición y pone de relieve la necesidad de garantizar la seguridad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Fernando Rodríguez / La Semana
