El gobierno vuelve a poner en el tapete su interés por el tema que dejó caer.
La modificación a la ley de semillas vuelve a ponerse en el tapete con el recambio en la conducción de Agroindustria a partir del ingreso de Luis Etchevehere por Ricardo Buryaile. El trascendido lo dio el sitio Valor soja que pone como impulsor de la reforma a Guillermo Bernaudo en 2016 pero “que finalmente quedó trabada en el Congreso”.
Buryaile y su gabinete llegaron al ministerio de Agroindustria con la idea -así lo manifestaron Ricardo Negri y su sucesor actual Bernaudo- de resolver el problema del comercio de semillas y modificar la ley de 1973. Se tomaron un año para enviar el proyecto al presidente y luego se envió al Congreso donde todo terminó. Lo cierto es que la demora en realidad expresaba también otra cosa: la falta de acuerdo pleno con respecto al contenido del proyecto de ley. Por otro lado, con la resolución sacada por el Ministerio de Agroindustria –a través del INASE- habilitando los controles en el puerto, los funcionarios se quitaron mucha de la presión de lobby que tenían, cumpliendo con al menos una parte de lo que les pedían desde un sector de la industria.
Hay que decir que el proyecto del Ejecutivo enviado a Diputados el año pasado cuando ya no podía tratarse la iniciativa, perderá estado parlamentario en marzo de 2018. Todo lo que se avanzó en términos legislativos en 2017 se resume en una palabra: nada. Esa realidad que se demuestra con el fracaso estrepitoso del proyecto -que firmó la vicepresidenta Gabriela Michetti- fue producto del propio interbloque Cambiemos. La oposición intentó tratarlo, aunque tenía posiciones bastante distintas con respecto a qué contenido tenía que tener la ley.
En reiteradas oportunidades el presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara baja, Gilberto Alegre del bloque massista, intentó poner en agenda el proyecto del gobierno -generado desde Agroindustria- sin el menor éxito. Apenas se pudo organizar un par de jornadas a fines de 2016 muy ricas en la discusión por el aporte de todos los sectores y que generó una enorme expectativa, pero se desvaneció apenas comenzado el ciclo legislativo 2017.
La calidad institucional se verifica en este caso concreto en la construcción de una ley puertas afuera de donde debe ser debatida y sancionada, el Congreso. Desde que comenzó este siglo decenas de proyectos de ley fueron a parar al archivo del olvido, pese a la enorme expectativa generada en la comunidad agraria, agropecuaria y empresaria proveedora de insumos.
Pero la decisión está ahora en el Gobierno –si quiere retomar esa iniciativa, tal como se comenzó a decir- y en los legisladores, en particular los Diputados, donde están los proyectos ya presentados. En este sentido, se esperaría que los diputados (en tanto representantes del pueblo) y los senadores (en tanto de las provincias) los analicen, los debatan, los modifiquen si así lo creen conveniente y finalmente lo voten, si es que el proyecto satisface a la mayoría.
