El juez de Garantías José Eduardo Ruhl decidió este lunes rechazar los planteos hechos por los defensores del ex gobernador Sergio Urribarri, su ministro de Cultura, Pedro Báez, y, entre otros, el cuñado Juan Pablo Aguilera y dispuso dos medidas de relevancia.
Ordenó pedir a la Cámara de Diputados el desafuero del presidente del cuerpo y del diputado Báez, y también decidió la remisión a juicio de la causa que investiga la ejecución de un sistema cartelizado en la publicidad oficial que permitió entre 2010 y 2015 contratar por $24 millones casi en forma exclusiva con las firmas Tep SRL y Next SRL, que se atribuyen a Aguilera.
La Fiscalía sostiene que la mitad de ese monto total, contratado, $12 millones, se pagó mediante constataciones truchas –la publicidad en vía pública no se hizo-, lo que generó un serio perjuicio al fisco; y que además hubo un sistema de pago de “coimas” que benefició a las empresas Tep SRL y Next SRL, cuya recaudación habría estado a cargo de la contadora Corina Cargnel. Uno de los empresarios que participó del negocio, Jesús Bustamante, admitió a la Justicia que pagó “retornos”, y que de los $3 millones que cobró entre 2010 y 2015 de fondos del Estado, $3 millones fueron publicidad ficticia.
En la audiencia de este lunes, estuvieron los abogados Raúl Barrandeguy que junto a Candelario Pérez defienden a Urribarri; Marcos Rodríguez Allende, codefensor de Urribarri, y defensor de Juan Pablo Aguilera y de Luciana Almada, esposa de éste; Ignacio Díaz y José Velázquez, defensores de Báez; Félix Pérez, representante legal de Hugo Montañana; Guillermo Vartorelli, defensor de Corina Cargnel y de Emiliano Giacopuzzi; y Miguel Cullen, codefensor de Carnel, y defensor de Maximiliano Sena y de Alejandro Almada.
No hay sobreseimiento
Después de una larga audiencia en Tribunales, que arrancó a las 9 y concluyó pasadas las 13, Ruhl dispuso “emitir el auto correspondiente de apertura y remisión a juicio en los plazos de ley”. Y además concluyó que “se impone en esta instancia hacer efectiva la manda constitucional y requerir a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el formal desafuero” de Urribarri y de Báez, quienes ya tienen un pedido similar emitido por el juez de Transición Gustavo Maldonado, por otra causa. En ese segundo caso, la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados todavía no ha tratado los pedidos de desafuero.
Antes de que el juez Ruhl comenzara a exponer los argumentos a través de los cuales rechazó todos y cada uno de los planteos de los defensores, Ignacio Díaz, abogado defensor del diputado Báez, planteó una observación que no tuvo trámite: citó el artículo 126 del Código de Procedimientos y dijo que así como no se permite más de dos abogados defensores por imputado, tampoco debería haber más de dos representantes del Ministerio Público Fiscal en la audiencia.
La Fiscalía reprocha al tandem Urribarri/Báez, más la complicidad del funcionario Gustavo Tamay, el “direccionamiento” de publicidad oficial entre 2010 y 2015, por un monto de $24 millones, que se distribuyó de modo cartelizado por Aguilera a través de dos empresas que se le adjudican como propias, Tep SRL y Next SRL. Esas dos firmas, en las que el cuñado no figura en los papeles como dueño, captaba la pauta oficial y después hacía el reparto con otras dos empresas cuyos titulares también fueron imputados, Jesús Bustamante y Hugo Montañana. Aunque Bustamante logró despegarse: mediante juicio abreviado, reconoció los delitos cometidos, aceptó haber cometido un fraude por $ 3 millones, reveló cómo funcionaba el mecanismo de pago de coimas a Aguilera y qué rol cumplía cada empresario.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento, ése es el término utilizado por la Fiscalía, de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015, durante el gobierno de Urribarri y su ministro de Cultura y Comunicación, el hoy diputado Pedro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, Tep SRL y Next SRL, por un monto de $24 millones, que “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”. Fuente: Entre Ríos Ahora
