A nadie escapa que buena parte de los recursos que administran los legisladores forman parte de los fondos que se utilizan para sostener la actividad político-partidaria de dirigentes y partidos.

Desde hace una semana, una de esas “canillas” por las que fluye la plata negra de la política quedó al descubierto: primero, con los contratados del Senador Nacional Guillermo “Pemo” Guastavino que fueron atrapados in fraganti cuando retiraban miles y miles de pesos de cajeros automáticos con varias tarjetas Banelco con diferentes nombres. Y luego, con la objeción de la Cámara de Diputados de Entre Ríos que se opuso al pedido de la Justicia para aportar el detalle de los contratados de los últimos 10 años.

Desde entonces, el tema divide aguas entre los dirigentes de Cambiemos y llama a silencio a los legisladores del Peronismo que no quieren perder participación en la enorme torta de recursos que significan los fondos para contratos.

Gastos millonarios

Para dimensionar el monto que representan los fondos para contratos en la actividad legislativa, en primer término hay que decir que no hay normas claras respecto a cómo se implementan esos gastos ni cuánto le corresponde a cada legislador. Por ejemplo, en el Senado de la Nación hay legisladores que mantienen 32 contratos y otros que apenas cuentan con dos contratados. ¿De qué depende la cantidad de contratos? De la relación que mantenga cada legislador con el Presidente de la Cámara y/o el Presidente de bloque. Así de arbitrario. Por eso el senador entrerriano PemoGuastavino cuenta con 26 contratados que le cuestan a los argentinos más de $1,3 millones al mes frente a Senadores que apenas disponen de dos contratos de la Categoría más alta que representan $144.000 al mes.

Lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde el Presidente del cuerpo, Sergio Urribarri, reparte contratos cual caramelos según la relación que mantiene con cada legislador. Así, hay diputados que disponen de $95.000 mensuales para contratos, mientras que los legisladores más cercanos a Urribarri superan ampliamente los $300.000 por mes.

¿Quiénes asesoran a los legisladores?

Cada legislador puede decidir a cuántas personas contratar y distribuir el total de los fondos entre la cantidad de asistentes que considere, siempre y cuando no supere el monto global que tiene asignado. En la Cámara de diputados de Entre Ríos, los contratos más costosos no pueden superar los $28.000 al mes y en general son contratos de locación de servicios que se firman por un plazo mínimo de 6 meses. De todos modos, a esta altura ningún legislador niega que en la mayoría de los casos varios de esos contratos se comparten entre distintos beneficiarios de manera informal, ya que el monto del contrato se otorga por cheque a nombre del firmante. De esta manera, cuando la Justicia insista con el requerimiento del detalle de los contratados y los montos pagados, tomará nota que tiene sólo una parte de la información ya que los fondos de los contratos terminan beneficiando a muchas más personas de las que figuran legalmente.

La fuente de poder de Urribarri

Esta práctica no es nueva ni mucho menos. Es casi tan vieja como la política y por eso la custodia de los fondos de la Legislatura entrerriana es un tesoro tan preciado para la dirigencia política: hasta antes del escándalo por los contratos, funcionaba como una caja negra de la que se podía echar mano casi sin controles ni límites. Por eso Urribarri no habla del tema e intenta surfear el momento para no perder su principal herramienta de poder: los fondos para contratos que reparte en la Legislatura.

Este manejo discrecional de los dineros públicos explica, en parte, las complicidades que han existido hasta el momento para que diversos sectores políticos ratifiquen a Urribarri al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados. El “canje” de votos por contratos fue parte del reparto de figuritas en la renovación de su mandato…

Las implicancias son tan profundas, que incluso no existen simetrías ni siquiera entre los legisladores de la oposición: en las filas de Cambiemos hay diputados con el mínimo de fondos para contratos mientras que otros disfrutan de un presupuesto más holgado sin que medie ninguna otra razón que el tipo de vínculo que mantienen con Sergio Urribarri.
Sentado desde su actual pedestal, es el acceso a esta caja inagotable de recursos la que otorga poder a un Urribarri diezmado políticamente y cercado judicialmente. Si ahora le arrebatan su fuente de energía, todo será cuesta abajo para el ex Gobernador.

Los cambios que se esperan

Más allá de las acciones individuales de algunos legisladores colaborando con la Justicia, el escándalo de los contratos ha cobrado tal visibilidad que parece difícil que el sistema siga funcionando de la misma forma de ahora en adelante. La situación amerita un inminente cambio en la reglamentación vigente que disponga criterios claros y objetivos para la distribución de los fondos para contratos. Eso implicaría, entre otras cosas:

– Fijar un monto fijo para contratos

– Que cada legislador disponga de la misma cantidad de fondos

– Mejorar y flexibilizar los mecanismos de contratación

– Transparentar el manejo de los fondos (publicando la cantidad de contratos y montos de cada uno en el sitio oficial de la Cámara de Diputados, por ejemplo)

– Establecer nuevos criterios de rendición de cuentas

Si algunas de estas acciones se llevan a cabo, será el fin de tanto oscurantismo en torno al destino de estos fondos para contratos y de la discrecionalidad de la que hoy dispone el Presidente de la Cámara de Diputados. No es un dato menor que quien está sentado encima de esta Caja de la Política sea Sergio Urribarri, un hombre que se mantiene a flote y lejos de la justicia gracias a la impunidad que le otorga el cargo y los favores que reparte dentro y fuera de la Legislatura gracias a esta millonaria partida de fondos de la que dispone sin demasiados controles.