La causa se originó a principios de este año 2020, cuando este vendedor concordiense fue detenido con un cargamento de 50 kilos de marihuana en su auto. Ahora confirmaron su procesamiento y que irá a juicio con sus tres cómplices.
El accionar quedó al descubierto el pasado 5 de enero, cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina recibieron la información sobre un vehículo que había cargado droga en cercanías a la localidad correntina de Itatí, en la zona ribereña frente a Paraguay.
Los efectivos contaban con información previa acerca de la operación narco con personas que se trasladaban en un vehículo de similares características a las que observaron sobre la ruta nacional N° 12; un Renault Sandero rojo.
Por esto se dispuso un control sobre un camino o acceso alternativo a la altura de la ruta nacional y lo interceptaron en cercanías a Paso de la Patria, a unos 50 kilómetros de Itatí. Más precisamente, en un camino llamado Rareza Vegetal, a la altura del kilómetro 1.247 del río Paraná.
El conductor y propietario del auto, el comerciante entrerriano en cuestión, se mostraba nervioso y elusivo al chequeo que estaban realizando los uniformados. Al momento de solicitarle la documentación del vehículo tuvo ciertas cavilaciones mirando hacia sus acompañantes, razón por la que luego de ser identificados se procedió a la apertura del baúl. Así confirmaron las sospechas: encontraron 92 ladrillos de marihuana, cuyo pesaje total arrojó 50 kilos y medio. Por entonces, ese cargamento estaba valuado en más de 3 millones de pesos, y según las pericias de esa droga se podían obtener más de 150.000 dosis.
El conductor del vehículo fue indentificado con las iniciales J.G.B. y es un concordiense dedicado a la venta de libros, entre otros rubros. Mientras que sus acompñanates figuran como S.F., S.B. y L.A.B., todos estos oriundos de la capital de Corrientes. Los cuatro ocupantes del auto fueron procersados y quedaron detenidos con prisión preventiva.
Recientemente los acusados apelaron aquellas medidas. El defensor del concordiense cuestionó que no se hiciera sobre la droga el test químico, solamente el naroctest sobre una muestra, lo que no comprueba que se trate de droga lo que llevaban. También criticó el procedimiento de la Prefectura y la orden judicial, por no contar con circunstancias que ameriten la requisa del vehículo. Además, la defensa oficial del joven afirmó: “No hay en el expediente elementos que lleven a sostener que formaba parte de una cadena dedicada al tráfico de estupefaciente”.
Al respecto, las vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Mirta Sotelo y Selva Spessot consideraron que el procedimiento fue legítimo porque “el conductor del vehículo junto a sus acompañantes se acercaron y sometieron voluntariamente al lugar donde estaba apostado el control, y que en el caso particular se trataría de un estado de sospecha que iría en aumento desde el momento en que se identifica sobre la ruta nacional al vehículo similar del que se tenía información que podría participar en un ilícito, luego se lo intercepta en zona ribereña en un camino de tierra próximo a otra ruta nacional y se advierte la actitud evasiva y elusiva del conductor lo que derivó en la posterior requisa”.
Además, citaron la resolución del juez Vallejos: “Los imputados tenían conocimiento de que lo que transportaban en el vehículo en el que se desplazaban era marihuana toda vez que, de a acuerdo a las constancias de la causa, el conductor del rodado expresó estado de nerviosismo, a la vez que miraba a sus consortes (…) la sustancia transportada, por sus características y naturaleza, emana un fuerte olor el cual no podía pasar inadvertido para ninguno de los ocupantes del rodado”.
Por otro lado, para confirmar la prisión preventiva de los acusados, sostuvieron que los celulares, que todavía no fueron secuestrados (11 meses después) “podrían aportar datos sobre la existencia de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes de la que formarían parte”.
En este sentido remarcaron que J.G.B. “vive en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, que su ocupación es vendedor de libros, albañil, portero, aserradero”, y un vecino suyo “corroboró que se dedica a la venta de libros y expresó que sería poco sociable”.
Asimismo, no se descarta que se esté ante una organización interprovincial de tráfico de drogas. “Surge en primer lugar que los investigados de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas no podrían haberse procurado la cantidad de sustancia secuestrada, lo que resultaría un indicio de la posible participación de otros involucrados”, afirmaron las vocales. Fuente: Diario UNO
