En medio de la polémica por los anunciados tarifazos en los servicios públicos a nivel nacional, el gobernador Gustavo Bordet tomó la decisión de aplicar una reducción en la carga impositiva de las facturas. La merma, del 50%, se aplicará en el Fondo de Desarrollo Eléctrico, que representa entre el 13% y el 18 % de cada boleta de la luz que se paga en la provincia.
La reducción quedó contenida en el decreto N° 1.157, del 14 de mayo, norma en la que se invitó a los municipios a reducir también la Tasa de Alumbrado Público, que también grava el consumo eléctrico en la provincia.
La opinión de Artusi
El diputado provincial José Artusi (UCR – Cambiemos), respecto del contenido de ese decreto, consideró que “es bueno que el Poder Ejecutivo Provincial reconozca el problema que significa el elevado costo final de la energía eléctrica en Entre Ríos”.
Aseguró, en el mismo sentido, que comparte la idea oficial de reconocer, “aunque tardíamente” que “la carga tributaria es parte del problema, aunque, como veremos, no es el componente principal. La reducción de 7 puntos porcentuales en la alícuota del recargo provincial con destino al Fondo de Desarrollo Energético significará una reducción en las facturas, a igual consumo, de alrededor del 4%. Una baja necesaria, pero no demasiado significativa”.
“En los considerandos del decreto sólo se hace mención a la ´política energética nacional de quita de subsidios´ y ´la quita de subsidios al precio mayorista adoptado como política energética nacional´, sin hacer referencia en absoluto a que dicha quita gradual era absolutamente imprescindible para recomponer el sistema de generación eléctrica y para detener la sangría que significaba un verdadero festival de subsidios – que sobre todo aprovechaban los ricos de la ciudad de Buenos Aires – que tuvo un costo de más de 150 mil millones de dólares, cifra suficiente para construir 3 millones de viviendas. Tampoco se hace mención en los considerandos a que la provincia adoptó el año pasado en el Acuerdo Federal Energético el compromiso de ´asegurar que las tarifas y precios retribuyan los costos económicos relacionados con su producción´”, dice Artusi.
El legislador puntualizó que, en los considerados del decreto, “se señala que se considera ´conveniente y oportuno una disminución transitoria de la alícuota…´, y que sería hasta el 31 de diciembre de 2018. No obstante, en el articulado del decreto sólo se establece que la modificación es a partir del 1º de mayo de 2018. ¿El año que viene, volverán a restituir las alícuotas anteriores? Es necesario que el Poder Ejecutivo aclare este punto”.
Apuntó, entonces, que “es imprescindible que, tal como lo propusimos en un proyecto de ley, la Legislatura recobre para sí sus potestades en materia tributaria, y que en consecuencia las alícuotas de este recargo sean fijadas por ley, como corresponde. No somos los primeros en señalarlo y en proponerlo”.
Recordó, entonces, que “en 2010 un proyecto de ley aprobado en Diputados y que no prosperó en Senadores proponía fijar por ley las alícuotas del recargo del FDEER. Su autor, el diputado Jorge Kerz señaló al tratarse la iniciativa en el recinto que ´la Legislatura recuperará una facultad que le es propia, cual es determinar el carácter y la magnitud de la imposición´. Invoco aquel antecedente de un legislador serio y laborioso con la tranquilidad que me da haberlo acompañado en ese momento con mi voto, aún a pesar de pertenecer a distintos bloques”.
“Desmesurado costo de distribución”
Aseguró que “la reducción de alícuotas establecida en el decreto 1.157 es necesaria pero insuficiente. El gobernador Bordet debe reconocer que el principal problema que tenemos los entrerrianos es el desmesurado costo de distribución de Enersa, y actuar en consecuencia”, planteó.
“Si Enersa cobrara el promedio del costo de distribución que aplican las empresas distribuidoras de todo el país, el costo final podría reducirse alrededor de un 25%, y con quitas en la carga tributaria aún más”, enfatizó. Fuente: Entre Ríos Ahora.
