El senador provincial Lucas Larrarte (PJ – San Salvador) presentó un proyecto de comunicación en el cual solicita al gobierno nacional que “proceda a desgravar o, al menos, a modificar los derechos de exportación que fueron restablecidos sobre las operaciones de exportación de arroz”. Es a raíz del decreto 793/2018 del Poder Ejecutivo que, entre otras modificaciones, fijó derechos del 12 por ciento “a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur”. Esta medida impactó en una de las economías regionales más importantes de la provincia, como es la producción de arroz. A través de un comunicado de prensa se informó que, apenas conocido el decreto, Larrarte “inició gestiones ante las autoridades provinciales para buscar mitigar los impactos negativos y, ahora, inicia el camino para intentar la reacción de los responsables de la medida, esto es, las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.

Acompañan el proyecto de comunicación con su firma los senadores oficialistas Mario Torres (Villaguay), René Bonato (Uruguay) y Daniel Olano (Islas). La iniciativa fue ingresada en la mesa de entradas del Senado y será una de las primeras a tratar por el cuerpo cuando se inicien las sesiones ordinarias, después del 15 de febrero, se indicó.

En los fundamentos del proyecto se repasa que “el 4 de septiembre de 2018 el Poder Ejecutivo Nacional, argumentando la necesidad de acelerar la consolidación fiscal, en una economía de fuerte devaluación y efectos sobre los precios internos, tomó el camino de aumentar los derechos de importación”.

Ante ello, se indica, la cámara que agrupa los productores de arroz hizo un estudio que demostró que tal medida genera un margen negativo del 12 por ciento en la ecuación económica del cultivo.

“Los productores se vieron sorprendidos con la medida, ya que en forma recurrente se habla de bajar costos para potenciar la generación de recursos y empleos, incluso en el marco de la denominada mesa arrocera. Dirigentes han mostrado su desagrado, explicando que las retenciones dispuestas por el gobierno que encabeza Mauricio Macri llevó la carga impositiva sobre el cultivo del arroz al 70 por ciento, sumando en ello la retención y los impuestos directos e indirectos a los que deben hacer frente”, se precisó.

También se citaron dichos de Hugo Muller, empresario del sector, quien manifestó: “La reimplantación de las retenciones a todas las exportaciones del país en general y al arroz en particular ha quitado rentabilidad y los costos de producción vuelven a mostrar números negativos”.

Otra de las opiniones que se mencionó fue la de otro productor arrocero, Jorge Paoloni, quien “enfatizó que se agravo mucho la situación de los productores arroceros, primero con la suba de tarifas, luego con la falta de financiamiento y el clima, y finalmente señaló como lo más grave a la imposición de los derechos de exportación a la que calificó como ‘pena de muerte’ para la actividad”.

Larrarte explicó que existe una “profunda preocupación por el agravamiento de la situación del sector arrocero en la provincia” y, para dimensionar el impacto, mencionó que “más del 70 por ciento de la producción se concentra en molinos entrerrianos, los que procesan y embarcan el arroz en origen, en los puertos ubicados sobre el río Uruguay y el Paraná”.

El legislador sumó que se trata del cultivo extensivo que más puestos de trabajo directos e indirectos genera: son siete trabajadores cada 100 hectáreas y la actividad, además, demanda mano de obra calificada, completó.