Ante la posibilidad de que se trate en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto que busca reformar la Ley de Semillas, la Federación Agraria Argentina solicita a los legisladores realicen las siguientes reformas respecto al texto del dictamen firmado en noviembre de 2018, a fin de tener definiciones más claras y contundentes que den las garantías que necesitan los pequeños y medianos productores:
1) AMPLIAR LA CANTIDAD DE PRODUCTORES CON DERECHO AL USO PROPIO GRATUITO: Demandamos se asegure que todos los pequeños productores y la mayor cantidad posible de medianos productores sigan estando amparados por el derecho milenario al uso propio gratuito de sus semillas. En palabras claras: reclamamos a los diputados y diputadas el máximo esfuerzo para que en la Ley quede plasmado un umbral de agricultores exceptuados mucho mayor al de 3,8 millones de pesos de facturación anual que se habían propuesto. Los legisladores deben entender que los obligados al pago deben ser de una escala que no afecte al pequeño y mediano productor, que moviliza con su trabajo cotidiano el interior profundo del país.
2) ORDEN PÚBLICO: Una lucha gremial histórica de nuestra entidad es que los puntos críticos de la Ley, como lo es el derecho al uso propio gratuito, sean declarados de orden público, es decir, sean irrenunciables para las partes y que no puedan ser modificados por contratos abusivos o extorsivos entre privados que desnaturalicen lo estipulado por la norma.
3) ACTUALIZACIÓN POR INFLACIÓN DEL UMBRAL: El monto de facturación máximo que marque el universo de productores que mantienen el derecho al uso propio gratuito debe ser definido, además, de manera tal que asegure su actualización periódica y adecuada, de forma de evitar que la inflación, flagelo que azota a nuestra sociedad, haga que en pocos meses que agricultores que no deben estar obligados al pago de regalías de pronto lo estén por el mero hecho de la inflación, asunto por completo ajeno a sus negocios y su actividad productiva en la tierra.
4) PROHIBICIÓN POR LEY Y EXPLÍCITA DE LOS SISTEMAS PRIVADOS COMPULSIVOS DE COBRO EN PUERTO O POR PRODUCTIVIDAD: Debe reforzarse expresamente que el pago de los derechos de propiedad intelectual se agota al momento de la compra de la semilla. Los vacíos de la ley vigente han generado las peores situaciones de abuso de la cadena, al punto que por controles privados no acordados por los productores (hechos de manera forzosa y sin control del Estado) grandes compañías multinacionales han aplicado junto con otros actores poderosos de la cadena muestras compulsivas para cobrar a los productores un canon de producción en puerto. Esto terminó en muchos casos siendo aún más gravoso por los mismos, ya que estas mega-empresas se apropian de forma ilegítima de parte de la productividad, que es fruto del esfuerzo del productor. Estos funestos sistemas de cobro de regalías deben terminar y exigimos que se prohíban de manera taxativa. Debe impedirse que los certificados de bioseguridad sean un elemento de presión. Seamos claros: cualquier ley de semillas que pretenda avanzar debe prohibir explícitamente y terminar con el nefasto sistema “Bolsatech” creado por Monsanto.
Vale también separar la dinámica que ocurre en la Pampa Húmeda en relación con lo que sucede en el resto del territorio nacional. Los productores de nuestras economías regionales —incluso buena parte de la agricultura familiar— sufren problemas por no poder acceder a tecnología que podría mejorar sus cosechas y con ello su situación económica y la calidad de los alimentos que producen. Este tema ha sido hasta ahora poco tenido en cuenta al debatir sobre semillas. Es decir, debemos resaltar que este asunto no se agota en la soja. Por eso también reclamamos una mirada más federal, que tenga en cuenta a los castigados productores de fruta, los de algodón, los de hortalizas, legumbres y garbanzos entre otros, que hoy no están siendo correctamente protegidos.
Si los Diputados y Diputadas logran un consenso, creemos debería incluir estos reclamos, banderas históricas de la Federación Agraria a las cuales no podemos ni debemos claudicar. Sólo así estarían defendiendo el interés de los chacareros de nuestro país, evitando los abusos de los eslabones concentrados de las cadenas agropecuarias, defendiendo la rentabilidad de pequeños y medianos productores, su modo de vida y el arraigo en el interior de nuestro país, pero también la soberanía y seguridad alimentaria Argentina.
Creemos que, con todas estas condiciones aseguradas, una modernización de la Ley que cuente con el apoyo de diferentes actores políticos puede ser positiva. De lo contrario, veremos más vulnerados nuestros derechos ancestrales, en manos de actores concentrados. Queda en manos de nuestros los legisladores el destino de los agricultores y el desarrollo productivo.
