Fue luego de una investigación en el marco de contrataciones que beneficiaron a la imprenta que se le atribuye a Juan Pablo Aguilera, el cuñado del ex gobernador. Los delitos imputados son negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros. Está también involucrados Pedro Báez y Tamay.
Con la feria recién finalizada, se elevó la primera causa en la que está involucrado Sergio Urribarri, se adelantó a Página Judicial. Se trata de un caso en el que se está investigando los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o falsificación de documentos públicos, en el marco de contrataciones que beneficiaron a la imprenta que se le atribuye a Juan Pablo Aguilera, el cuñado del ex gobernador. La misma imputación enfrenta el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y Gustavo Raúl Tamay, que también se desempeñaba en el Ministerio. La elevación a juicio la hicieron los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, luego de dar por concluida la investigación penal preparatoria (Legajo Nº 31253).

Yedro consignó en la imputación que “Urribarri, en su calidad de gobernador de la provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como director general de Información Pública del Gobierno y posteriormente como ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los señores Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado provincial”.

El fiscal Santiago Brugo, quien también estuvo en esta causa, llegó a la conclusión que hubo “un plan sistemático y constante, desde 2010 a 2015, aplicando un procedimiento arbitrario y desprovisto de controles en el cual se direccionó (la publicidad) hacia un familiar y el entorno del ex gobernador, lo que generó un consiguiente perjuicio patrimonial para el Estado y para ello necesariamente había que certificar la constatación de la publicidad y del mantenimiento de la cartelería”.

Ese “direccionamiento” lo habrían ejecutado Urribarri y Báez. Los fiscales detectaron, en principio, 46 órdenes de publicidad con irregularidades, respecto de varias empresas.

A su vez, el encargado de verificar que la publicidad efectivamente se cumpliera en los términos en que había sido contratada por el Estado era Tamay, el Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio.

Sobre ese punto, Brugo explicó que “no se trata solo de probar el direccionamiento de las contrataciones efectuadas a través de procedimientos irregulares llevados a cabo por Urribarri y Báez sino también la falsedad ideológica de las certificaciones mediante fotografías que dan cuenta del cumplimiento de la publicidad que se tenía que hacer en forma mensual o en un período pre-establecido” y agregó que “también hay un perjuicio para el Estado porque se pagó por una contratación de obra que no fue acreditada. Uno de los incumplimientos por las personas encargadas de certificar, que eran Báez y Tamay, era el control efectivo en forma mensual que tenían que hacer de las publicidades. Por eso se habla de ficticias constataciones: está acreditado que las constataciones fueron ficticias”.

Lo que dicen los fiscales es que Tamay, por su cargo, debía viajar a certificar que los carteles estuvieran donde se había acordado y de la forma pautada; pero no lo hizo e igualmente certificó los trabajos.

Lo que sigue

El ex gobernador y quien fuera su ministro de mayor confianza, Báez, están involucrados en otra causa de similares características. Es en legajo en el que se investiga la organización de la Cumbre del Mercosur que, a su vez, está atado a lo que fue la campaña por la carrera presidencial. Allí se investiga el desvío de 47 millones de pesos que el Estado provincial.

El ex gobernador Urribarri deberá responder por la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, por la que se pagaron 4 millones de pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA por un monto de 28 millones de pesos en el marco de la Cumbre del Mercosur, que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 15 millones de pesos. Los investigadores judiciales creen que todo fue parte de una estrategia más de proselitismo para instalar la candidatura presidencial.

El presidente de la Cámara de Diputados, junto a los miembros de su familia, por otro lado está siendo investigado por el delito de enriquecimiento ilícito. Fuente: Federico Malvasio -De la Redacción de Página Judicial

En función de la gravedad y reiteración de los hechos, se estimó provisoriamente como monto de pena a requerir en juicio para SERGIO DANIEL URRIBARRI PEDRO ANGEL BAEZ y JUAN PABLO AGUILERA, ocho años (08) de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para CORINA ELIZABETH CARGNEL, JESÚS JOSÉ MARÍA BUSTAMANTE y HUGO FERNANDO MONTAÑANA, seis años (6) años de prisión de cumplimiento efectivo; para GUSTAVO RUBÉN TAMAY, seis años (06) de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para LUCIANA BELEN ALMADA, EMILIANO OSCAR GIACOPUZZI, ALEJANDRO LUIS JOSÉ ALMADA y MAXIMILIANO ROMEO SENA, cuatro años (04) de prisión de cumplimiento efectivo.