La jueza Marina Barbagelata dispuso la elevación a juicio de la causa en la que se investiga una defraudación a la administración pública a través del mecanismo de compensaciones de impuestos. Entre los treinta y un imputados hay un ex funcionario del Ministerio de Economía, ex empleados de ATER, contadores y empresarios. El fraude se estima en unos cincuenta millones de pesos

La jueza de transición Marina Barbagelata dispuso la elevación a juicio de la causa en la que se investiga una millonaria estafa a través de compensaciones truchas en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), tal como habían solicitado la fiscal Laura Cattáneo y la Fiscalía de Estado en su rol de querellante.

La causa, que llegó a tener más de un centenar de personas procesadas, se elevó a juicio contra treinta y un personas, incluido un ex funcionario del Ministerio de Economía, por los delitos de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho y fraude a la administración pública.

La jueza Barbagelata determinó que “dentro del organismo recaudador de la provincia de Entre Ríos había un grupo de empleados (…) que con la omisión connivente de Gustavo Alejandro Gioria, (ex) tesorero general de la provincia, registraban fraudulentamente como pagadas, en el sistema informático del fisco provincial, deudas tributarias impagas de ciertos contribuyentes, simulando su pago por compensación, como si el contribuyente hubiese sido titular de un crédito líquido y exigible contra el Estado” y resaltó que los contribuyentes a favor de quienes se registraron los pagos simulados “no sólo no eran proveedores del Estado –con lo que mal podrían tener una acreencia propia– sino que tampoco eran cesionarios de créditos fiscales de terceros”.

La magistrada estableció que María Estrella Martínez de Yankelevich era la jefa de una cooperativa delictiva, desde su rol de titular del Departamento Despacho de la ATER, que era el área encargada de tramitar las compensaciones.

A su vez, Abelardo Daniel Gaggión, Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub y Daniela Romina María Miño manipulaban el sistema informático que opera en ATER, “cargándole información falsa –sobre que los contribuyentes (…) eran titulares de créditos líquidos y exigibles contra el Estado, cuando en realidad esto no era así–, logrando que, al ser procesados los datos falsos por el sistema, los impuestos que los contribuyentes adeudaban, figurasen como cancelados por compensación”. Esta situación generó “un perjuicio al erario público provincial, equivalente al importe de las deudas por impuestos que fueron fraudulentamente registradas como pagadas, en beneficios de tales contribuyentes”.

Por su parte, Darío Fabián Barreto, otro empleado del organismo recaudador, era quien captaba a los contribuyentes y les ofrecía el negocio directamente o a través de sus contadores.

También se dispuso la elevación a juicio respecto de los contadores Jorge Martín Zuttión, Julio Schmukler, Luis Alfredo Speroni y Carlos Arnoldo Sagasti, que eran quienes acordaban directamente con Estrella Martínez de Yankelevich.

La magistrada rechazó una serie de planteos efectuados por los abogados defensores de cada uno de ellos, respecto de nulidades y la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo.

Además, serán enjuiciados los empresarios Miguel Ángel Banega, Carlos Raúl Castro, Diego Raúl García, Viviana Beatriz Ghiggi, Jorge Luis Malleret, Ricardo Horacio Van Der Donckt, Alberto Francisco Bonvin, Walter Gilberto Castañeda, Fulvio Valentín Dapit, José Miguel Dittrich, Manuel Isauro González, Javier David Kolln, Beatriz Levinzonas, Omar Aníbal Ramón Moledo, Mauro Fabián Neme, Marta Delfina Ponce, Leonardo Miguel Premaries, Raúl Norberto Premaries, Javier Francisco Ramírez, Claudio María Santiago y Miguel Artemio Waigel.

La fiscal Laura Cattáneo señaló respecto de ellos que la prueba reunida durante la investigación “permite tener por acreditada, tanto la materialidad de los hechos que en cada caso se imputan, como la intervención penalmente relevante de los incursos, tanto sobre el modus operandi dentro del órgano recaudador estatal, para perpetrar los ilícitos, como sobre la intervención que en cada caso le cupo a los contribuyentes, beneficiarios y contadores”.

En el caso de los funcionarios públicos, la ley les impide acceder al beneficio de la suspensión del juicio prueba, por lo que su situación deberá ser juzgada por un tribunal.

En tanto, casi un centenar de contribuyentes que en su momento habían sido procesados resolvieron su situación a través de una probation, tal es el caso de Néstor Iván Szczech, Guillermo Derudder, Javier Andrés Germanier (ambos de Flecha Bus), el ex diputado provincial Hernán Burna y Miguel Galuccio, entre otros. En su caso, se estableció una regla de conducta general que consistió en el pago de los impuestos que antes habían evadido, más los intereses y multas correspondientes y los impuestos prescriptos.

También se determinó que no había responsabilidad en el accionar de un grupo de empresas y en su momento el Ministerio Público Fiscal decidió no sostener la acusación respecto de aquellos contribuyentes que compensaron fraudulentamente deudas por montos inferiores a 15 mil pesos, entre los que se contaba, entre otros, Luis Miguel Etchevehere

La anomalía que destapó la olla

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en 2014 por el entonces director ejecutivo de ATER, Marcelo Casaretto. Pero quien destapó la olla fue una empleada de la agencia territorial de Victoria del organismo recaudador, al detectar una “anomalía” en la situación fiscal de una empresa dedicada a la comercialización de insumos agropecuarios. Lo que le llamó la atención fue que la firma Insumos Entre Ríos (en formación) cancelara una deuda impositiva de 1.111.279,10 pesos mediante una compensación, como si fuera proveedora del Estado.

A partir de la detección de esa “anomalía” se dispuso analizar qué otras compensaciones había realizado la empresa y quién había cargado esas operaciones.

La investigación interna detectó que el trámite no había sido validado por el Ministerio de Economía y se detectó además que el contador de la empresa era Gustavo Gioria, que en ese momento era tesorero general de la provincia.

La denuncia, en un primer momento, apuntaba a que se investigue un posible fraude ocurrido en el período 2012-2014; pero luego los ex diputados provinciales María Emma Bargagna (Partido Socialista) y Jorge Monge (UCR) hicieron una nueva presentación solicitando que se amplíe la pesquisa a los períodos 2004-2007 y 2008-2011.

El volumen de la estafa se calcula en más de cincuenta millones de pesos –a valores de entre 2010 y 2014–, pero lo que la jueza destacó es que la maniobra fue pergeñada y ejecutada desde el interior del organismo recaudador y no se extendió a otras áreas de la administración pública.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial