El titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Concepción del Uruguay, Máximo Mir, no hizo lugar a un pedido de separación preventiva de un grupo de síndicos en el marco de la causa en la cual se tramita la quiebra del molino Calimboy SA. La solicitud había sido formulada por el ex presidente de la firma, José Alberto Grané, en razón de que los integrantes de la sindicatura se encuentran imputados por adulteración de documentos. La resolución fue adoptada por Mir el 15 de noviembre, en el expediente en el cual se tramita la quiebra de Calimboy SA, dispuesta en 2012. El magistrado entendió que no estaban dados los supuestos legales para proceder al apartamiento de los síndicos Mabel Cruz, Oscar Colombo, HaydeéVillagra, Mirta Giles y Olga Amoroso.

Los cinco contadores públicos que conforman la sindicatura plural en el proceso están imputados en una causa originada por una denuncia de Grané, que está a cargo de la fiscal Gabriela Seró.

Según documentación judicial las imputaciones consisten, en el caso de Amoroso, en haber adulterado un acta del libro de la sindicatura plural con la presunta finalidad de presentarla en el “Sindicatura de la Quiebra de Calimboy SA c/Grané, José Alberto s/Ordinario” (Expte. N° 2135/C) en trámite ante el mismo juzgado y secretaría de la quiebra “afectando la fe pública por la calidad de funcionaria pública que ostentaba como síndica del proceso”.

En cuanto a los restantes profesionales, la acusación es por el uso de instrumento público adulterado en el citado proceso ordinario, “omitiendo los deberes a su cargo de no hacer saber al juez la adulteración como síndico del proceso”.

Según pudo saber este medio, todos los síndicos concurrieron a la audiencia de imputación de causa pero, por consejo de su abogado defensor, se abstuvieron de prestar declaración indagatoria. Con la resolución del juez Mir, más allá de las acusaciones en su contra y del legajo en marcha, los cinco continuarán cumpliendo funciones en el proceso de quiebra de Calimboy SA.