Un convenio entre el Gobierno nacional y la Fadia ratifica que el trabajo del ingeniero agrónomo es de interés público. La situación laboral, sin embargo, dista de ser la mejor.

Un convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (Fadia) –la entidad que agrupa a los colegios de profesionales de la agronomía de todo el país– ratifica que el rol del ingeniero agrónomo es de interés público.

Esta profesión, en rigor, fue declarada de interés público el 21 de febrero de 2003, a través de la Resolución N° 254 del entonces Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, basado “en el rol indelegable” del ingeniero agrónomo “como responsable en garantizar un incremento de la producción, diversificada, sustentable, salvaguardando la salud humana, el ambiente, y la obtención de alimentos sanos, en los sistemas productivos extensivos, intensivos, agroecológicos, orgánicos y la agricultura familiar, entre otros”.

El valor de este convenio, en definitiva, además de ratificar aquella condición, radica en la decisión de trabajar de manera articulada para desarrollar acciones y proyectos vinculados con las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), la conservación de los suelos, el ordenamiento territorial, los fitosanitarios, la promoción de modelos alternativos de producción y la profesionalización de la producción.

A partir de ahora, entonces, se abre una etapa de trabajo para darle contenido al acuerdo que permita profesionalizar las actividades productivas en el marco de las políticas públicas para el sector, jerarquizando la labor profesional y garantizando un uso racional de los insumos cuidando los recursos naturales, el ambiente, la inocuidad de los alimentos y la salud humana.

El ingeniero agrónomo chajariense Gabriel Guiano, tesorero de la Fadia y ex presidente del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Copaer), en diálogo con DOS FLORINES, explicó el significado de este convenio, sus alcances, y, además, habló de la actualidad de una profesión que busca el reconocimiento social en momentos en que buena parte de la sociedad cuestiona todo lo relacionado con las actividades agropecuarias.

Articulación.

– ¿Qué significa que la profesión de ingeniero agrónomo sea de interés público?

– Trabajamos, en primer lugar, en la articulación con el Estado. Lo hicimos con el Estado provincial cuando ocupamos la presidencia del Copaer, y ahora lo hacemos con el Estado nacional desde la Fadia.

Articular es, por ejemplo, lograr que cuando se habla de Buenas Prácticas Agropecuarias, fitosanitarios, conservación de suelos, ordenamiento territorial, comunicación del sector agropecuario, todos esos temas estén consensuados con la mirada del profesional de la agronomía. Esto es importante porque, a veces, nos enteramos de que el Poder Legislativo aprueba proyectos, generados por profesionales de otras áreas, que no tienen en cuenta muchos aspectos que son fundamentales en la profesión del ingeniero agrónomo y, sobre todo, importantísimos en la cadena productiva.

Todos sabemos que constantemente aparecen cuestiones vinculadas con los productos fitosanitarios y las tecnologías de aplicación. Hace muy pocos días, un legislador de una provincia que prácticamente no tiene nada de agricultura estaba armando un proyecto para presentar en la Cámara de Diputados donde se intenta prohibir el uso de muchos agroquímicos y restringir las aplicaciones aéreas. Es un ejemplo claro de que hay que trabajar para que esto no pase.

Nosotros tenemos que articular con los Estados nacional, provinciales y municipales para que el profesional de la agronomía tenga una participación activa en todas las mesas de trabajo y en todos los espacios donde se toman las decisiones.

Con el Estado nacional, a través del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, que es ingeniero agrónomo matriculado en Formosa, hemos logrado tener una llegada directa al Gobierno para poder trabajar para la sociedad.

– ¿Cuáles son las prioridades después de este acuerdo?

– La idea es generar un paraguas institucional, a nivel nacional, con una ley de fitosanitarios, englobada en lo que se llama ley de presupuestos mínimos, que son aquellas normas a las que las provincias tienen la obligación de adherir.

Cada provincia, obviamente, tiene la autonomía que le otorga la Constitución Nacional para decidir sobre algunos aspectos, pero no para decidir sobre otros que son de índole nacional.

Lo que tratamos, en definitiva, es ordenar estas cuestiones que, en muchos casos, son más ideológicas que técnicas y que buscan no sólo restringir o prohibir sino directamente afectar a un sector que, hoy está a la vista, es el que genera gran parte del PBI del país.

La profesión, más allá de la pandemia.

– ¿Cómo están hoy, desde el punto de vista profesional y laboral, los ingenieros agrónomos? ¿Qué problemas enfrentan?

– Primero tenemos que ser justos y razonables. Atravesamos una situación totalmente anormal que es la pandemia. Esto hace que muchos profesionales de otras áreas –arquitectos, abogados y tantos otros– lleven mucho tiempo sin poder trabajar, mientras nosotros, por haber sido el sector agropecuario declarado actividad esencial, pudimos hacerlo. Por eso no podemos hablar de estar atravesando una crisis, más allá de que la situación del país nos afecta a todos.

En lo estrictamente gremial, en lo que nos compete a nosotros como ingenieros agrónomos, estamos bregando por tener el reconocimiento social a nuestra profesión. Por eso es tan importante este convenio firmado con el Ministerio de Agricultura, porque está escrito que nuestra profesión es de interés público.

Y, en este sentido, es importante que las entidades gremiales de los productores agropecuarios (Federación Agraria, Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro) e instituciones como las bolsas y las cooperativas, entiendan que los profesionales de la agronomía también necesitamos condiciones laborales dignas.

– ¿Hay ingenieros agrónomos desocupados?

– El porcentaje de desocupación es bajo. El índice de ocupación de los ingenieros agrónomos está relativamente muy bien, comparado con otras profesiones. El problema fundamental es la calidad de empleo.

La realidad es que muchísimos colegas ejercen la profesión con un sueldo de administración pública o como un empleado de comercio. Y muchos otros ni siquiera lo hacen en esas condiciones mínimas, sino que ejercen su trabajo, por ejemplo, sin que les hagan los aportes previsionales.

– ¿Hay trabajo en negro?

– No me gusta mucho esa palabra, pero sí, es así. Y la verdad es que la precarización laboral en la Argentina afecta a todos. La tendencia a la precarización laboral es muy grande en todos los ámbitos, y es muy grave. Danilo Lima / Dos Florines.