Horacio Albornoz, abuelo de un niño, junto con Beatriz Maciel (colaboradora de la Fundación Micaela), de San Salvador, cuestionaron públicamente el accionar de la justicia Civil y Penal de San Salvador. Albornoz asegura que su hija, madre de mellizos (uno de ellos fallecida) sufre debido a las consecuencias de violencia de género padecidas durante su embarazo.
Albornoz sostuvo que su hija se divorció del progenitor de los niños mellizos, por violencia de género y familiar, imponiéndosele a su ex marido restricción de acercamiento (por parte de la justicia civil) tanto a ella como a sus hijos. En todo momento la madre de los mellizos luchó por la vida y salud de su nena quién nació con malformaciones varias, así como también su hermanito fue afectado con trastornos mixtos de la conducta y de las emociones, (por problemas relacionados con hechos negativos durante su desarrollo en el seno materno) y falta del desarrollo fisiológico normal esperado, todo ello plasmado en certificados Nacional de Discapacidad.
Horacio, señaló que “su hija se divorció en el año 2018, en ese mismo año, por indicación de los médicos. Estaba con internación en su hogar: enfermeras, médico y todo lo que se requería para ello, y por medio de informes emitidos por distintos especialistas se ponía de manifiesto que no se podía recibir visitas de personas ajenas a las que siempre se encontraban en el domicilio, a los fines de “preservar” a la nena por los virus que ello podía ocasionarle, debido al riesgo de vida que corría por estar en delicadísimo estado de salud, así como también “preservar” la de su hermanito”.
Pero, acotó, “el progenitor en ese tiempo inició contra la madre de sus hijos una demanda por impedimento de contacto con los niños, siendo que mi hija jamás se opuso a la vinculación sino, que como se dijo anteriormente, debido a la violencia de género que ella sufrió por parte de este hombre, y sumado a los pedidos médicos de preservar a los niños de la exposición a virus, no era recomendable establecer el contacto, (ya que de lo contrario implicaba que el progenitor ingresara al domicilio acompañado de policía mínimamente, o sea personas ajenas al entorno habitual). Dicha demanda fue aprobada por la justicia civil local, siendo que había pruebas médicas que dejaban claramente plasmado lo que la madre manifestaba”, explicó Albornoz.
Del mismo modo Albornoz reseñó que “luego de varias internaciones de la nena acompañada por su mama, en el Hospital Gutiérrez de Niños de Buenos Aires y Sanatorio Privado del niño de Concordia, en marzo del año 2019 la niña es internada gravemente en un Sanatorio de Paraná, presentándose allí el progenitor con una orden judicial (emanada de la justicia Civil de San Salvador) que lo autorizaba al contacto con su hija; estando justamente su hija en una situación crítica de salud (en terapia intensiva), pero aun así el progenitor ejerce violencia de género y hostigamientos”, dijo y precisó que “debido a esa conducta negativa, los médicos le pidieron al progenitor que se retire y pida los partes por teléfono. Se radicó la denuncia correspondiente, con la intervención del Juzgado de Familia de la ciudad de Paraná, quien impone la restricción perimetral al progenitor.
Con profundo dolor en sus palabras, Albornoz contó que “el 28 de junio del año 2019 la nena falleció en este último Sanatorio (a pesar de todo lo que la madre y el equipo médico han hecho para salvar su vida). A los 2 días de su fallecimiento, mi hija solicita a la justicia Civil de San Salvador la ampliación de la última restricción impuesta al progenitor, a los fines de poder velar por la vida de su único hijo vivo”, aseguró.
“EL ACCIONAR JUDICIAL NO HA MEJORADO”
Por su parte, Beatriz Maciel, quien es colaboradora de la Fundación Micaela, recordó que “a los dos meses aproximadamente del fallecimiento de la nena, el Copnaf de San Salvador por orden de la justicia llevan a cabo la vinculación del nene con su padre, donde consideramos que no se emplearon las formas del trato que hay que tener con una criatura. Siendo que en la justicia obraban informes médicos a cerca de la discapacidad del niño, que establecían que no era viable realizar el contacto para no someter al nene a situaciones de estrés. En los intentos de vinculación el nene terminaba descompuesto teniéndose que llevarlo de urgencia a los médicos”.
Maciel prosiguió diciendo que “a pesar de todas las presentaciones legales por medio de distintos letrados que su madre aportó a la justicia, acompañados a su vez de innumerables informes médicos, el accionar judicial no ha mejorado”, y agregó que “nosotros sentimos que la justicia no valora las pruebas presentadas porque desde hace tres años que se viene luchando para que los derechos de los niños sean respetados y también para que se analice el caso, pero con perspectiva de género”, espetó.
Maciel, lamentó que “en la actualidad se vuelve a repetir la historia en cuanto al accionar judicial, porque a pesar de las distintas medidas cautelares y demás escritos que se vienen presentando a través del representante legal que patrocina a la madre, desde el juzgado civil de la localidad hace unos días dictan una resolución de que se realice el contacto del progenitor con su hijo y que el Copnaf de San Salvador realice en un término de 5 días el plan de acción”.
Por lo tanto, “queremos dejar en claro que la madre jamás se opuso a la vinculación, lo que ella pide es que se respete la salud y vida del nene, ya que él está en tratamiento psicológico y de terapia ocupacional, y los distintos especialistas en varias oportunidades informaron que no se someta al niño a situaciones estresantes, es decir, preservarlo hasta que él esté psíquica y físicamente apto para tal vinculación”, y se preguntó “¿dónde están los Derechos del Niño y de la víctima?”.
Finalmente, Maciel referenció que “es también importante traer al tema un hecho reciente acontecido “caso Úrsula” donde se ve claramente la falta de protección judicial, siendo que la víctima había pedido ayuda muchas veces y no fue escuchada”, remató. Fuente: El Sol.
