El reciente fallo judicial que obliga al municipio a pagar más de $20 millones por una tragedia ocurrida en 2012 ha generado un fuerte debate. Tras la difusión de la sentencia, que incluye el pago de honorarios a ex asesores legales, estos han salido a aclarar públicamente que no cobrarán dicho dinero.
El conflicto surgió en la última sesión del Concejo Deliberante, donde se reveló que la Municipalidad de San Salvador había depositado un total de $20.524.925,50 para cubrir la sentencia y los honorarios profesionales. Entre los beneficiarios figuraban los abogados José Luis Bello, Fernando Andrada y Gustavo Montes, quienes ejercieron como asesores legales del municipio durante la gestión de Marcelo Berthet.
Tras conocerse esta información, los abogados afectados aclararon que no percibirán los honorarios que les fueron asignados. Su argumento es que, al haber trabajado bajo una relación de dependencia con el municipio, la ley prohíbe explícitamente que cobren honorarios en juicios en los que representaron a la propia institución.
Cuestionamientos a la Municipalidad
Los ex asesores no solo rechazaron el pago, sino que también cuestionaron duramente la gestión municipal por autorizarlo. El Dr. Bello presentó una nota formal solicitando una aclaración y advirtiendo sobre la ilegalidad del pago. Además, manifestó que se reserva el derecho de iniciar acciones legales por calumnias e injurias contra lo expresado en la sesión del Concejo.
Por su parte, el Dr. Fernando Andrada publicó un comunicado en el que profundiza en la situación.
«Cuando se confunden los roles y el pueblo paga dos veces»
En su escrito, Andrada explica que, si bien la regulación de honorarios en la sentencia fue un trámite automático, la Municipalidad cometió un grave error al proceder con el depósito.
«La Municipalidad decidió depositar esos honorarios, a todos, sin oponerse ni advertir que entre los regulados había profesionales que no actuaron como terceros, sino como parte de la estructura jurídica del propio Estado Municipal.»
Andrada subraya que pagar a quienes ya tenían un salario por su función institucional es una violación directa de la ley. La normativa vigente es clara al respecto:
- Ley Orgánica de Municipios (Ley 10072, Artículo 184): «Los apoderados letrados del Municipio, a sueldo o comisión, no tendrán derecho a percibir honorarios regulados en los juicios en que actuaren…»
- Ley de Honorarios de Abogados y Procuradores (Ley N° 7046, Artículo 15): «Los profesionales que actúen para sus clientes en forma permanente, con asignación fija o relación dependencia, no pueden invocar la presente Ley…»
El abogado concluye su descargo con una fuerte crítica a la falta de control y transparencia en la administración de los fondos públicos. Tanto él como sus colegas han decidido no cobrar los honorarios y realizarán las presentaciones necesarias para que el dinero sea devuelto al municipio.
«No escribo esto como un descargo, sino como una aclaración y un recordatorio, porque cuando el silencio legitima el error, el error se vuelve norma.»
El municipio de San Salvador pagó más de 20 millones por la muerte de un niño
