Los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet presentaron un escrito en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Pablo Seró, en el que solicitaron conocer los avances en la investigación de las confesiones del empresario Víctor Pietroboni y que se informe al juez federal Claudio Bonadío “por conexividad” con la causa contra Lázaro Baez.
Bonadío lleva adelante por estos días, además, la investigación de la causa conocida como “los cuadernos de las coimas” sobre el presunto pago de coimas de empresarios con contratos con el Estado. Días atrás Pagliotto había recordado detalles de la denuncia que realizó junto a Mulet por el pago de sobreprecios y “retornos” en la obra pública de Entre Ríos, surgida tras las confesiones del empresario de la construcción Víctor Pietroboni, fallecido en 2016.

En ese marco, había lamentado la falta de avances de la causa y el “absoluto y rotundo silencio” judicial al respecto, tras lo cual había adelantado que presentarían un escrito.
“En función de lo consignado en el sumario del encabezamiento, interesamos a S.S. ser cabal e inmediatamente informados de cuál ha sido la suerte corrida por la denuncia que dedujimos ante el MPF en fecha 16-06-2016 y ampliamos ante ese tribunal el día 22-08-2016, tal como lo informan y acreditan sendos cargos de recepción impuestos por Fiscalía y Secretaría del Juzgado, respectivamente”, comienza el escrito presentado por los letrados.
En ese sentido, evidenciaron que “desde la fecha de interposición de la denuncia penal hasta el presente han transcurrido más de dos años, tiempo más que suficiente como para que se haya hecho conocer a los suscriptos, en función del derecho que como denunciantes nos asiste por imperio procesal (por asimilación a la víctima de las disposiciones contenidas en el Libro I – Título IV – Cap. III- Art. 80º del CPPN), el estado procesal de la causa y los concretos avances registrados en ella o si, de adverso, se decretó la reserva; se dispuso su archivo por inexistencia de conductas penalmente punibles que dieran pábulo a una investigación o instrucción sumaria o se declaró la incompetencia, remitiéndola a otra jurisdicción”.
“A esta altura y a pesar de la antigüedad que reviste la denuncia que formulamos, nada sabemos de ella ni cuál ha sido la suerte que la misma ha corrido pues, dependiendo del estado procesal en que se encuentre y del temperamento oportunamente adoptado por V.S., desplegaremos determinadas estrategias procesales, como por ejemplo, sugerir a la UIF, OA y, eventualmente la Procuraduría de Delitos contra Administración Pública, se constituyan en querellantes e intervengan directamente en la sustanciación de la presente, atendiendo a sus calidades y legitimación como sujetos procesales y partes en el mismo”, detallaron seguidamente.
Según entendieron los letrados, y dejaron asentado en el escrito presentado ante Seró: “Las declaraciones efectuadas por el Sr. Víctor Pietroboni, lamentablemente fallecido, ofrecen una prueba vital, enorme y de dimensiones impensadas para la pesquisa de este delicadísimo y sensible asunto, toda vez que con claridad meridiana y precisión de cirujano -acaso olvidándose por momentos que estaba frente al micrófono de un medio de propalación masiva-, explicó la modalidad o el mecanismo, como los ámbitos y las personas intervinientes en impúdicos actos de corrupción administrativa que, a través de la obra pública, configuraron un auténtico “plan sistemático de saqueo de fondos públicos”, organizados de manera sistémica y piramidal, conformando, sin dudas, una auténtica asociación ilícita”.
“El empresario Pietroboni, acaso considerado un felón por personajes como José Francisco López, Julio Miguel De Vido y la mismísima Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, fue muy claro y describió- con lujo de detalles y proverbial sencillez- cómo funcionó este mecanismo feroz de saqueo o exacción de dineros fiscales a través de la obra pública y, a la par, de qué manera se fue haciendo moneda corriente por parte de las empresas contratistas la utilización del sobreprecio de la obra adjudicada, al que echaron mano para evitar que los retornos exigidos por los funcionarios venales erosionase su rentabilidad empresaria potencial o teórica, con lo cual este ilegítimo e ilegal plus (sobreprecio) era la forma de neutralizar los porcentajes que tenían como destino el bolsillo de quienes sobornaban desde su posición de poder como funcionarios públicos”, recordaron.
“Así, por ejemplo, una obra X que tenía como costo presupuestado $100, se elevaba sin causa lícita a $115 (esa suma incluye el 15% de retorno que exigían como condición para la adjudicación de las obras esa gavilla de funcionarios amorales). Ese sobreprecio o encarecimiento de la obra era la forma o mecanismo utilizado por los empresarios, con la anuencia expresa de los funcionarios, para que los primeros paguen de allí los retornos exigidos a los segundos, sin sufrir mengua en su rentabilidad. En otras palabras y para ser más precisos V.S., ese plus valor o sobreprecio se obtenía o pagaba con dineros públicos, es decir, de todos nosotros que somos contribuyentes. Aunque después los propios empresarios se endulzaron y comenzaron a ajustar con mayores costos ficticios las obras, pero ya no para pagar retornos sólo a los funcionarios “coimeros”, sino para apropiarse también ellos de una parte de ese dinero mal habido”, siguieron marcando.
Y agregaron, párrafo seguido: “Y por supuesto que contó otras maneras, modos o mecanismos de acometer actos de saqueo de dineros públicos que también forman parte de esa matriz o plan sistemático de apropiación de fondos del Estado. Contó, incluso, quién o quiénes lo llamaban en nombre de la Ex Presidente y cuáles eran las exigencias que le comunicaban y a favor de quién operaban”.
En ese sentido, destacaron que “esta entrevista radial dada por el empresario Víctor Pietroboni al periodista local Hugo Barrto fue grabada y difundida por muchísimos medios de comunicación locales, provinciales y nacionales y, es precisamente por ello también, más allá del tenor de las declaraciones vertidas y la gravedad de las mismas, que no se entiende el silencio casi sepulcral del Juzgado a su cargo y más aún, después de haber intentado en por lo menos dos oportunidades, infructuosamente, obtener alguna información sobre la marcha y estado de la denuncia”.
En ese orden, advirtieron: “Si no se han registrado avances significativos hasta el momento luego de dos años, se habrá perdido mucho tiempo y desperdiciado oportunidades esenciales. Es por ello que nos urge y exigimos, como abogados de la matrícula y denunciantes, una pronta, completa y oportuna respuesta. Le recordamos a V.S. por si acaso, que liminarmente advertimos en la denuncia la posibilidad de que el juzgado a su cargo ordenara abrir una investigación bajo la forma de instrucción formal o bien, si lo consideraba más oportuno y útil, dado el avance y conexidad –objetiva y subjetiva- de los hechos con la causa contra Lázaro Baez (La Ruta del Dinero K y la corrupción en la obra pública), investigada por los Fiscales Federales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, les remitiera la misma a fin de acumularla o, al menos, que le sirviera de prueba, ya que sin ninguna duda sería un insumo probatorio de inestimable valor convictivo, atento a que por su volumen y contenido superaba con creces el grado de prueba indiciaria”.
Por último, ratificaron “la denuncia oportunamente incoada como la ampliación efectuada, solicitando la investigación de la misma o su continuación si se hubiera iniciado, pero también y esencialmente, se nos informe de modo completo y prontamente del estado actual de la misma, siendo ello también una oportunidad para acercar por nuestra parte algún elemento de prueba que sirva o contribuya con la instrucción llevada adelante por el Juzgado o la investigación del MPF”. Fuente: Análisis