La Justicia confirmó este jueves el embargo por $26 millones dispuesto sobre los bienes del ex gobernador Sergio Urribarri. La medida también alcanza al ex ministro de Comunicación y Cultura y actual diputado provincial Pedro Ángel Báez, y al secretario del bloque de senadores del oficialismo y cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a quien se sindica como “socio oculto” de las firmas Tep SRL y Next SRL, beneficiarias del direccionamiento de órdenes de publicidad oficial por un valor de $24 millones.

El juez Daniel Julián Antonio Malatesta, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, adoptó esa decisión y de ese modo rechazó los argumentos de la defensa, y además no hizo lugar a un planteo de excepción de falta de acción, que no había tenido eco favorable ante el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, decisión que fue apelada. Los defensores técnicos plantearon que esas órdenes de publicidad fueron aprobadas, sin observaciones, por la Tesorería, la Contaduría y el Tribunal de Cuentas, y que por tanto es “cosa juzgada” y no se puede investigar delito alguno.

La causa en la que Báez y Urribarri -presidente de la Cámara de Diputados, uno; legislador oficialista, el otro- están embargados ya tiene pedido de elevación a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal. El jueves 1° de febrero, los fiscales a cargo ahora de la causa penal, Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa, y también los embargos. Primero se hizo lugar a los embargos; pero todavía no se convocó a audiencia de remisión a juicio porque antes debían resolverse los planteos de la defensa.

La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Báez ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del ex gobernador”, según se desprende de la información oficial que distribuyó el Poder Judicial. Para los fiscales, esas firmas que se adjudican al Cuñado, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.

En esa causa, Urribarri, Báez y Aguilera están embargados, cada uno, en $26 millones. Fuente: Entre Ríos Ahora.