El ex senador provincial Juan Carlos Arralde analizó la situación de la Legislatura entrerriana donde la Justicia investiga una millonaria estafa con contratos truchos y aseguró que “el mejor mensaje que un poder tan importante como el legislativo le puede dar a la sociedad, en un momento que es casi una bisagra en la historia argentina con la investigación de tantos hechos de corrupción a nivel nacional, es ponerse enteramente a disposición y colaborar activamente con los fiscales”. En ese marco, lamentó que “la Legislatura está vista como un poder corporativo y para algunos es poco menos que una guarida para malhechores que se esconden en las Cámaras sabiendo que tienen fueros para que no los investiguen”. Acotó que “como mensaje hacia la sociedad y a la Justicia lo ideal sería que el Poder Legislativo realmente colabore con la investigación, si es que no hay nada para ocultar”. “Seguramente no debe ser tan sencillo exhibir y debe haber alguna cuestiones que no están del todo claras. Pero lo más sano para las instituciones sería que la Legislatura no solo se ponga a disposición sino que también colabore activamente con esta investigación”, analizó.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Arralde admitió que sigue la causa por los contratos truchos de la Legislatura “con mucha sorpresa” y “viendo para dónde va porque es una causa increíblemente vasta por el periodo de tiempo que comprende y además es el bautismo de fuego de la Fiscalía Anticorrupción”. “Es una causa que pondrá en valor o no esta creación que con buen tiño hizo la Procuración General de la provincia de dotar a esta estructura de un sentido muy claro, que es investigar los casos de corruptela en el Estado”, definió.
Asimismo, reconoció que “esto no ayuda al ya escaso prestigio que tiene la Legislatura y habrá que ver para dónde va y hasta dónde llega esto o hasta donde le dejan llegar”.
En cuanto a las respuestas de las Cámaras legislativas rechazando la entrega de información a la Fiscalía, el ex legislador aclaró: “No conozco como fue el tenor del oficio que mando la Fiscalía a las cámaras y no estoy en condiciones de decir si está bien o mal la respuesta de las Cámaras, pero tengo entendido que el periodo por el que solicitan la documentación es de 10 años, 2008-2018, que es el plazo de prescripción de conservación de la documentación”. Ante ello, explicó que “la Legislatura y organismos públicos en general tienen un plazo para conversar la documentación en su poder, y después de eso se puede archivar o destruir”.
De todos modos, afirmó que “como mensaje hacia la sociedad y a la Justicia lo ideal sería que el Poder Legislativo realmente colabore con la investigación, si es que no hay nada para ocultar”. “Seguramente no debe ser tan sencillo exhibir y debe haber alguna cuestiones que no están del todo claras, aunque esto es una hipótesis mía. Pero lo más sano para las instituciones sería que la Legislatura no solo se ponga a disposición sino que también colabore activamente con esta investigación”, analizó.
Recordó que durante su periodo de legislador “los empleados, secretarios y asesores cobraban por contratos de locación de servicio, es decir que no eran contratos basura sino que eran contratos en donde se emitía un recibo de haber, con aportes jubilatorios, descuentos por obra social, ley 4.035 y demás”. “Era más oneroso para la provincia pero también más transparente porque estaba todo totalmente blanqueado, y había en algunos casos contratos de locaciones de obra donde se exigía el pago del Monotributo, el pago de profesiones liberales si correspondía al profesional contratado y la emisión de la correspondiente factura de quien prestaba el servicio de asesoramiento al legislador”, apuntó.
En ese sentido, reiteró que “el mejor mensaje que un poder tan importante como el legislativo le puede dar a la sociedad, en un momento que es casi una bisagra en la historia argentina con la investigación de tantos hechos de corrupción a nivel nacional, es ponernos enteramente a disposición y colaborar activamente con los fiscales, porque el Estado tiene que dar el ejemplo en estas cosas”.
“El Estado es el recaudador y el que ejerce una presión fiscal espantosa ante la sociedad y debe ser el primero en tener las cuentas en orden. Y lamentablemente hay que reconocer que la Legislatura está vista como un poder corporativo y es poco menos que una guarida para malhechores que se esconden en las Cámaras sabiendo que tienen fueros para que no los investiguen. En este contexto, el mejor mensaje que puede dar la Legislatura es colaborar activamente con esta investigación, a menos que haya cuestiones muy oscuras y ahí habrá que ver cómo actúan las cabezas de cada uno de los Poderes y el cuerpo legislativo”, reflexionó.
Ante esto, insistió en que la respuesta de los legisladores rechazando el oficio judicial que solicitaba la entrega de información “hace pensar que no quieren que se los investigue”. “Es la sensación con la que no debe quedarse el ciudadano y para que eso no ocurra las actitudes tienen que ser muy claras, tienen que colaborar activamente y sino explicar debidamente porqué se rechaza una investigación de este tenor”.
“Acá no puede haber medias tintas o estamos con la investigación o no estamos, pero hay que ver también cual es el tenor de la investigación, ver qué se pide, en qué contexto se pide y con qué tiempo se lo pide. Pero la verdad que el mensaje no es el mejor”, concluyó.