Una insólita y preocupante situación se vivió en los últimos días en el Ministerio Público Fiscal, en torno a una polémica causa: desapareció una caja con más de 1200 cheques, que tenía que llegar desde Rafaela y ser sumada al expediente por los contratos truchos legislativos. La justicia ahora investiga si fue “un robo” o fue un ardid mafioso para borrar de la tierra una cuarta parte de los 4500 cheques solicitados al Banco Bersa, como parte de las pruebas requeridas.
Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Arramberri, quienes llevan adelante el expediente en torno a los desvíos de más de dos mil millones de pesos por contratos legislativos truchos, pidieron recientemente al Banco de Entre Ríos, la remisión cheques emitidos por la Legislatura, entre 2008 y 2018, a fin de cotejar en detalle la documentación.
Desde la entidad crediticia se informó que debían requerirlos a su archivo, que está tercerizado. El material documental del banco se encuentra en la ciudad santafesina de Rafaela -distante a no más de 155 kilómetros de Paraná-; específicamente, en la sede de la empresa AZ Administración de Archivos SA, dedicada a este rubro y que tiene plantas en la mencionada localidad, como así también en Rosario, Córdoba, Río Gallegos y Colonia Avellaneda. La empresa AZ tiene a su vez un contrato de transporte con la firma Adel Mar, de Rafaela, una pyme familiar de esa zona.
Según lo que pudo reconstruir el programa de televisión Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral), el 18 de julio desde la firma AZ se depositaron 11 cajas cerradas en la sede de Adel Mar, que llegaron el 19 de julio a la sede de Colonia Avellaneda, para ser derivada al banco.
Del total de cajas, una de ellas traía, específicamente, 1.227 cheques emitidos por la Legislatura entrerriana, para ser analizados. O sea, una primera parte enviada, de los 4.500 cheques. El punto en cuestión es que, casualmente, la caja con los cheques desapareció. Nunca llegó al Banco de Entre Ríos.
El representante de AZ en Paraná hizo una denuncia sobre la desaparición de la caja de cheques recién el 23 de julio, ante un fiscal de turno, pero nadie en la Justicia se percató que se trataba del material requerido por la causa de los contratos truchos de la legislatura.
El dueño de la empresa de transporte también radicó una denuncia ante la Jefatura Departamental de Rafaela. Allí consignó lo que le revelaron sus dos empleados: que llegaron a Paraná, fueron a una zapatería de calle Provincias Unidas a dejar una encomienda y que una persona no determinada les abrió la camioneta sin que ellos se dieran cuenta. Al parecer, bajaron los dos al lugar y no quedó nadie en el vehículo. Casualmente, les robó esa única caja de los cheques, que estaba junto a las otras diez enviadas al banco y demás encomiendas para entregar. Justo esa caja.
También por esas casualidades de la vida, la zapatería está en la misma zona donde vive la familia Mena, cuyo matrimonio y familiares directos, aparecen como imputados en la causa. Pero no todo termina allí: en la denuncia en Rafaela, el señor Juan Ruatta -que es propietario de la empresa transportista- dijo que a sus empleados le avisaron de los hechos desde la misma zapatería, porque una señora había visto cuando le robaron la caja y salieron corriendo. Y que, ante el aviso, los empleados retornaron a la zona del robo y encontraron en un baldío la caja ya vacía. Pero esto último nunca lo denunció en Paraná el delegado de AZ en Colonia Avellaneda.
Recién se enteraron los fiscales Yedro y Arramberri cuando desde el banco se informó de lo que había sucedido, porque no pudieron cumplir con el requerimiento del Ministerio Público.
Los fiscales mencionados caratularon la causa como “Sustracción de medios de prueba”, en base al Artículo 255° del Código Procesal Penal, que establece que “será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo”.
El hecho generó una particular conmoción en el banco -donde varios empleados tuvieron que ser desplazados y/o despedidos, por la complicidad con los integrantes de la banda mafiosa que manejó los dineros públicos en Diputados y Senadores, que se encuentran imputados en la causa de los contratos-, como así también preocupación en los fiscales que se encuentran trabajando en la investigación, por encontrarse ante una nueva situación irregular.
Fuente: Análisis Digital – Cuestión de Fondo.
