De norte a sur, la suba de las retenciones que ya dispuso el Gobierno y la que podría realizar con el aval del Congreso sigue generando preocupación por su impacto. Y también se está sumando al estado de alerta el incremento en el impuesto Inmobiliario Rural en la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno ya subió de 24,7 a 30% las retenciones a la soja y del 6,7 al 12 por ciento las del trigo y el maíz, entre otros productos. Tiene a mano la carta para aumentar los derechos de exportación en otros tres puntos más.

En la reunión del lunes pasado en Casa Rosada, la Mesa de Enlace le pidió al presidente Alberto Fernández frenar ese incremento. El jefe de Estado se comprometió a instruir a su ministro de Economía, Martín Guzmán, a tratar de no elevar la carga tributaria, pero no lo dio por seguro. Sí ofreció hacer cualquier consulta si necesita concretar el aumento.

Después de la reunión de la Mesa de Enlace, directivos de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) se vieron con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y le presentaron un informe sobre cómo se agravará la pérdida económica en campos alquilados con la suba de retenciones.

El jueves y viernes pasados, la Mesa de Enlace Regional NOA NEA, donde entre otras entidades participa Apronor, realizó un paro de comercialización de granos y hacienda por el incremento de la carga tributaria.

Según datos del sector privado, en el NOA el 60% de la producción es bajo arrendamiento. De tres camiones, uno es para pagar retenciones. “De los dos que le quedan, el productor debe pagar flete de los tres camiones más impuestos, más costos de producción”, precisó una fuente. En la región hay un fuerte déficit hídrico que dificulta la suerte de la campaña. “No se sembró más de un 10% del total y lo sembrado está muy comprometido”, dijo Roberto Palomo, de Apronor.

De acuerdo al informe que los productores llevaron al encuentro con Basterra, en soja a un rinde promedio de 2450 kilos por hectárea en Tucumán, allí en campo alquilado con un 33% de retenciones el margen bruto será negativo en 105 dólares por hectárea. Con las retenciones anteriores, en el 25%, allí igual ya se perdían 40 dólares por hectárea.

De acuerdo a los productores, en el actual escenario de retenciones al 33% deberían sacar 3000 kilos por hectárea para no perder plata en campo alquilado.

Por el lado del maíz, antes del incremento de los derechos con un 6% de retenciones a un rinde de 6200 kilos por hectárea el margen bruto era positivo en 56,9 dólares por hectárea. Ahora, con 15%, pasará a negativo en 18,9 dólares por hectárea.

Mientras los productores del Norte buscan hacer ver el peso de las retenciones en la región, en Buenos Aires la atención está ahora sobre el incremento del impuesto Inmobiliario Rural, que tomará para el ajuste el equivalente a la inflación de 2019, que cerraría en 55 por ciento, pero con una segmentación.

En base al proyecto, al cierre de esta edición el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, había señalado que el tributo por escalas no podría exceder: 15% cuando las valuaciones correspondientes a 2019 de la tierra libre de mejoras sean de hasta $260.870 inclusive; 35% cuando sean superiores a $260.870 y hasta $816.075 inclusive; 55% si son mayores a $816.075 y hasta $3.000.000 inclusive; 55% si las valuaciones son por encima de $3.000.000 y la superficie de la tierra inferior o igual a 2000 hectáreas y 75% cuando se superen los $3 millones y la superficie de la tierra libre de mejoras se encuentre por encima de las 2000 hectáreas.

“Esto es lisa y llanamente un impuestazo que pega de lleno a los sectores productivos y de clase media, ya que no es solo una suba en el impuesto inmobiliario, sino que va de la mano en la suba de ingresos brutos, bienes personales y retenciones, entre otros impuestos. El campo no soporta más presión impositiva. De ser así, eso termina en desinversión, menor producción y, por ende, menor recaudación”, alertó Bugallo sobre la ley impositiva en la provincia. Fuente: La Nación.