Mientras Sergio Urribarri y Pedro Báez afrontan esta semana el pedido de desafuero y la elevación a juicio de una de las tantas causas de corrupción que afrontan, los ex funcionarios entrerrianos también son testigos del derrumbe de la prensa cómplice que los apañó durante sus andanzas.

En lo que va del año, ya cayó gran parte de la estructura de El Diario de Paraná, que se deshizo de 52 trabajadores de un día para el otro en el ocaso del centenario diario entrerriano. Una suerte similar comienza a correr el histórico diario La Calle de Concepción del Uruguay, cuyos trabajadores temen un final parecido.

La caída esperada

Esta semana, los trabajadores del diario La Calle de Concepción del Uruguay mostraron su preocupación por el retraso en los pagos de sus salarios. Advirtieron que les adeudan más del 50% del sueldo de abril, el sueldo completo de mayo y en breve estarán a la espera del pago de junio y el medio aguinaldo. La situación se suma a la decisión de la firma que conduce el empresario Ramiro Nieto de desactivar la imprenta del medio gráfico, por lo que cuatro trabajadores quedaron sin actividad desde hace más de un mes.
Se trata, sin dudas, de una caída esperada luego de largos años de abundancia de fondos oficiales que llegaban a raudales a las arcas del empresario Ramiro Nieto, que montó una estructura de medios a medida de las necesidades comunicacionales de Sergio Urribarri. No fue casual que al unísono los principales diarios de Entre Ríos pasaran a manos de nuevos dueños directamente ligados con la figura de Urribarri. De esa forma, la tríada conformada por El Diario de Paraná en esa costa, El Heraldo en la poderosa ciudad de Concordia y La Calle en Concepción del Uruguay aseguraran parte de los intentos por maniatar al periodismo y montar el relato urribarrista.
Bastó que cambiara el Gobierno para que los negocios disfrazados de periodismo se desplomaran de un día para el otro. Y que la realidad que se negaba desde esos medios se impusiera muy por encima del relato oficial.

El fin del poder

Así como se desploman los negocios turbios montados desde las esferas del poder cuando el cambio de Gobierno no garantiza impunidad, así también tambalean aquellos medios de comunicación que, dedicados a las odas al poder, perdieron todo viso de credibilidad en aras de las cuantiosas partidas publicitarias.

Y ahora, en la nueva etapa donde el ex ministro de Propaganda Pedro Báez ya no dicta los títulos de tapa, estos medios acomodaticios se cuidan de ni siquiera mencionar a sus reales propietarios caídos en desgracia y acuciados por la Justicia. Basta repasar el sitio digital de La Calle para constatar que al día de hoy Urribarri es un dirigente que convoca a un Encuentro el 29 de junio, o que en 5 meses tendrá su propio partido político. Pero nada se dice de las escandalosas causas de corrupción que afronta, una de las cuales ya lo tiene en la mira para el inminente inicio del juicio.
Como anunciamos tantas veces, la apuesta por los negocios turbios desde un medio de comunicación, era (y es) la muerte del periodismo. Y un medio que pierde su único valor, la credibilidad, ya no tiene razón de ser en el concierto del debate público.

Un final cercano

En medio de este torbellino de consecuencias (todas esperables) están los trabajadores que poco tienen que ver con estas andanzas. Y mientras los empresarios, Ramiro Nieto en este caso, ejerce el comando a distancia dando instrucciones a través de sus obedientes adláteres locales, tal vez haya llegado el tiempo que la justicia investigue las raíces de las operaciones que dieron origen al cambio de manos del histórico Diario La Calle.
Por las dudas usted sea uno de esos lectores engañados por la dinámica de ocultamiento que practican estos medios, sepa que Sergio Urribarri y Pedro Báez serán sometidos a juicio por el delito de corrupción. Que la fiscalía asegura que $12 millones de publicidad oficial fueron pagados mediante contrataciones “truchas” a cuenta de publicidad en vía pública que nunca se hizo. Y que el delito y los “retornos” fueron admitidos por uno de los “arrepentidos” que tiene el caso: el empresario Jesús Bustamante, quien reconoció que pagó “retornos” y que gran parte de los fondos que cobró en concepto de publicidad entre 2010 y 2015 fueron publicidad ficticia. Fuente: El Entre Ríos