En las últimas semanas salieron a la luz los contratos irregulares que existirían en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Tema que para los sansalvadoreños no es nuevo y nos hace recordar lo sucedido en la década del 90 cuando un legislador de nuestra ciudad apareció con contratados que no trabajaban y cobraban, y que en su momento tuvieron una enorme repercusión en la prensa provincial.

LARRARTE CUENTA CON 12 ASESORES

Al ser consultado por la situación que se conoció en los últimos días el senador por el departamento San Salvador, Dr. Lucas Larrarte, indicó que cuenta con 12 asesores y dijo que “está en ellos que se publiquen o no sus nombres”.

En diálogo con FM Imágenes comentó que “el pedido de la Fiscalía es un pedido amplio de todos los contratos que se habían suscripto en la legislatura, 10 años para atrás comprendiendo ambas cámaras. Cada cámara resolvió de una manera distinta de cómo actuar ante este pedido de la justicia. Nosotros tomamos la decisión de ponernos a disposición, pero al mismo tiempo les pedimos que indiquen cuales eran los contratos que habían sido objeto de la investigación penal que se estaba llevando adelante para brindarles toda esa documentación. Porque imagínate, que para brindarles todos los contratos de la legislatura tendrían que transportarlos en camión”, exageró el legislador.

Larrarte puntualizó que “a nosotros nos generaba mucha zozobra la circunstancia que se coloque a todos los contratados bajo la lupa, a los legisladores que han pasado por distintas épocas y distintos tiempos. Cuando estamos en una investigación que se da en el marco de una actuación especifica de la Policía de la provincia de Entre Ríos, en la cual encontraron a 3 personas retirando dinero de un cajero, con tarjetas de personas contratadas por la legislatura de la provincia, luego no se aclara si son de la cámara de Diputados o de Senadores”.

Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, de manera informal, no se trata de una investigación que se esté llevando a cabo sobre los legisladores. Las contrataciones que se hacen en la legislatura son hechas por la cámara misma, para servir a los legisladores o a las distintas oficinas de la cámara. Acá no hay no hay una investigación sobre la contratación de los legisladores, o por lo menos es lo que nos han informado, mencionó en la misma entrevista radial.

Es una investigación preparatoria que está haciendo la fiscalía con la intervención de la fiscalía anti corrupción. Recién cuando se levante el secreto de sumario vamos a poder conocer cuál es la información oficial que es con la que cuenta la fiscalía, y seguramente se va a ayornar el pedido inicial que se había hecho y nosotros, como hemos anticipado cada uno de los legisladores de la cámara de senadores, está dispuesto a brindar colaboración y documentación que sea requerida, en eso no hay ningún inconveniente.

Larrarte reconoció que es una vergüenza lo que pasó y “es necesario transparentar algunas cuestiones que vienen siendo prácticas que no están siendo aceptadas por la sociedad que tampoco están aceptadas por el derecho y es nuestra responsabilidad generar el marco jurídico para que se ordene esta situación”

Seguramente después de esta investigación se propondrán algunas normas en el marco de la legislatura que van a ser objeto de estudio y van a tender a resolver esta situación para transparentar el sistema de contrataciones de la legislatura.

Cuando se lo consultó por la lista de asesores y lo que cobran por mes, el senador Larrarte dijo: “A la decisión de contratar no la toma solamente un legislador, sino la cámara, porque hay cuestiones relacionadas con el derecho y los principios constitucionales. En segundo lugar están las personas contratadas, esta su privacidad de por medio, está en ellos o no que publiquen sus nombres y el monto que perciben. Lo ideal es que se sancione una norma que determinar que se debe publicar”, agregó.

“Yo tengo actualmente 12 asesores, hay periodos en el que uno utiliza más de acuerdo al trabajo que haya en la cámara. Los montos no son los que se habla en la televisión (entre 35 y 50 mil pesos)”, aclaró el legislador.