La decisión del Gobierno sería avanzar en una nueva norma que regule los alquileres. Si bien no se conocen los detalles de la iniciativa, la decisión de dejar sin efecto la ley 27.551, en vigencia desde julio de 2022, es un hecho casi consumado.

El Gobierno pondrá punto final a la Ley de Alquileres. Al menos, es la determinación que por estas horas circula en los pasillos de las oficinas tanto del presidente Fernández como del ministro de Economía, Sergio Massa.

La inflación galopante, las paritarias que no superan la pauta de aumentos y el casi nulo acceso al crédito hipotecario, fueron las variables que potenciaron aún más el explosivo panorama de los propietarios e inquilinos, a la hora de definir los valores de los alquileres en un contrato.

En el cónclave, del que trascendieron escasos detalles, sí se acordó dar de baja la controvertida ley de alquileres, que fija nuevas reglas como tres años de contrato y ajuste por inflación y variación salarial, en un contexto inflacionario que generó por igual quejas de inquilinos y propietarios.

Actualmente, el mercado de los alquileres tiene muy poca oferta, con una demanda que se mantiene alta y con precios por las nubes. Por ejemplo, un alquiler que en julio de 2020 pagaba $50.000 mensuales, hoy tiene un valor de $122.500.