Los fiscales creen que el escándalo por las contrataciones en la Legislatura de Entre Ríos le habría generado un perjuicio al Estado que rondaría los 1.235 millones de pesos. Hasta el momento no han formulado imputaciones concretas contra las autoridades del Senado ni de Diputados. Sí fueron imputados Gustavino y Kunath y el funcionario Juan Domingo Orabona.
Los fiscales creen que el escándalo de los contratos truchos en la Legislatura le ha generado a las arcas públicas la friolera de 1.235 millones de pesos y que la asociación ilícita viene funcionando de manera ininterrumpida desde enero de 2008 en la Cámara de Senadores y desde diciembre de 2011 en la Cámara de Diputados.
La dirigencia política entrerriana está paralizada y la imputación que hicieron los fiscales, y a la que tuvo acceso Página Judicial, trae más preocupación. No aparecen mencionados los nombres del vicegobernador Adán Bahl, ni sus antecesores José Cáceres y José Eduardo Lauritto; tampoco el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, ni quien lo precedió en el cargo, José Ángel Allende. Sin embargo, todos serán convocados a que presenten abogado defensor y algunos, de hecho, ya lo hicieron, dado que la justicia investiga irregularidades que habría ocurrido entre 2008 y 2018.
Quienes sí están formalmente imputados son los senadores nacionales Pedro Guillermo Gustavino y Sigrid Kunath, que tenía como contratadas a varias de las personas que integraban esta asociación ilícita; el actual presidente del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.
Este miércoles se levantó el secreto de sumario de la causa que reveló Página Judicial cuando se conoció el allanamiento de dos estudios contables en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia y en la que quedó bajo la lupa los integrantes de las cámaras de diputados y senadores.
Según la imputación del Ministerio Público Fiscal, en el ámbito parlamentario se creó un sistema de recaudación fraudulento a través de contratos leoninos en donde se conseguían prestanombres a los que se les hacía firmar por un monto de entre 35 mil y 50 mil pesos, pero sólo recibía montos muy menores, en el orden de los 1.500 y 2.000 pesos. La supuesta ventaja para los “prestanombres” era que se les pagaba el monotributo, lo que les permitía, por ejemplo, tener una obra social.
También está imputada la senadora nacional Sigrid Kunath, que tenía como contratadas a varias de las personas que integraban esta asociación ilícita; y completan el listado de dirigentes el actual funcionario Juan Domingo Orabona y Juan Pablo Aguilera.
La causa la llevan adelante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, bajo las órdenes de la flamante fiscal anticorrupción, Cecilia Goyenche. La jueza de garantías es Marina Barbagelata.
La causa se inició el 20 de septiembre a la tarde cuando Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Alvarez fueron interceptados por agentes de la Policía a la salida de un cajero del Bersa de calle Alsina con una mochila llena de dinero. Fue luego de que estuvieran un buen tiempo en la cabina haciendo uso de varias tarjetas de débito.
En la madrugada de ese día, la Policía allanó el domicilio de Beckman y encontró documentación y más plásticos.
Pérez quedó fuera de la estructura del Senado luego de que Página Judicial diera a conocer los allanamientos en dos estudios contables que la Justicia entiende que tienen una relación directa con la Cámara Alta.
En el marco de la investigación, la Procuración General requirió hace dos semanas a las cámaras todos los contratos de los últimos diez años. Diputados rechazó el plano el requerimiento aludiendo a que era “desproporcionada” la medida, consideró que no se fundamentan “las razones para justificar la requisitoria que permitan evaluar la razonabilidad de lo solicitado”. El Senado, en cambio, tomó los mismos argumentos para también pedir precisiones, pero anunció que se pondría a disposición de la Justicia. Fuente: Página Política
