Documento ruta 38
La ruta 38 pavimentada entre San Salvador y Ubajay ha sido motivo de controversias desde muchos años antes de su construcción. Tanto que se llegó a decir que la obra había sido presupuestada en varios gobiernos y nunca se había hecho nada.
Ahora, con la ruta habilitada, pero con problemas estructurales en su construcción que no tienen fin, a pesar de los intentos por bachearla, aparecen por todos lados.
Tanto es así, que algunos avizoran que la ruta 38 no tiene mucho futuro porque en varios tramos no fue construida como corresponde por un lado, y el pasaje de camiones de gran porte excedidos del peso para la que está habilitada, por otro lado, generarán muchos dolores de cabeza a mediano plazo.
A esto le podemos sumar un informe que se publicó en las últimas horas en un portal de la capital entrerriana que hace referencia a la corrupción con la que se manejó la obra que tuvo un costo de 249 millones de pesos
EL INFORME
| La obra se licitó en 2015, se ejecutó en 2016 con la firma de Lallana e ingenieros en Jefe en las redeterminaciones (negociados), fue otorgada a una UTE pero ese tramo lo hizo Luis Losi |
| En noviembre del 2017 este Portal se hacía eco de distintas denuncias provenientes de vecinos colindantes a la ruta provincial 38, en el tramo que une San Salvador con Ubajay, que diariamente tienen que transitar por el lamentable estado en que se encuentra.
Denuncias cargadas de indignación y gran malestar debido a que las obras de pavimentación tienen muy poco tiempo de realización, generando graves sospechas que en la mayoría de los casos recaen fundamentalmente en los funcionarios públicos de Vialidad que han suscripto las respectivas certificaciones de obras. Cuando Bordet y Alicia Benítez, actual titular de Vialidad, visitaron la obra de repavimentación que se había realizado en la ruta 38 que ni siquiera estaba inaugurada se encontraron con que la vía estaba destrozada , llena de pozos, algo que genera un gran perjuicio para quienes tiene que transitarla a diario. En ese momento el gasto que se hizo fue de $249millones. Al ver ésta situación el gobernador indignado le ordenó a la titular del organismo que se hiciera una instrucción sumarial. Dicho sumario está trabado ya que quien estaba al frente de Vialidad Juan Carlos Lallana, que hoy es investigado por la justicia por enriquecimiento ilícito, estuvo al frente del organismo vial durante 6 meses, y en la resolución aparece la firma del por entonces sub administrador, Néstor Kemerer. La resolución de la DPV, bajo el N°3926 con fecha 6 de noviembre de 2015, dejó expuesto que una UTE, conformada por cuatro empresas (AlquimaQSacif – Dycasa SA – Laromet SA – Luis Losi SA), sería la adjudicataria de la obra por el monto de $249millones, una obra que fue financiada por fondos del Banco Mundial. El acta de inicio y replanteo para la obra se firmó el 4 de enero de 2016 en la ciudad de San Salvador con la presencia y la firma del Inspector de la obra en representación de Vialidad, Ing Mario Beltzer y el Ing Carlos Galuccio, como representante de la UTE. Allí mismo se estableció que los trabajos tendrían un plazo de ejecución de 18 meses. Por tanto que otra resolución con el N°756 con fecha 11 de abril de 2016, fijaba el primer pago para que la obra comenzara. La repavimentación de la ruta 38 se inicia cuando el titular del organismo de los caminos era Lallana, por lo tanto fue responsable de la adjudicación y del posterior control de que los trabajos se hicieran debidamente. Según uno de los arrepentidos, el negocio de la obra pública está en los certificados de redeterminación y no en la licitación. Los entendidos en la temática aseguran que una obra puede salir hasta cuatro veces más de lo que en realidad se dijo que costaba. Es en ese círculo en el que se da la corrupción estructural en donde todos se enriquecen a costas de obras necesarias. Esta irregularidad estuvo bajo la órbita de Lallana y de los Ingenieros en jefes que firmaban los certificados de redeterminación que engordan de sobremanera el costo de una obra. Funcionarios sin los cuales las empresas no podrían acceder a cobrar ni un solo peso por los tramos ejecutados, siendo aquellos, parte necesaria de una cadena o de una estructura de corrupción tan arraigada a varias esferas del poder que difícilmente podrá erradicarse. De igual manera en diciembre del año pasado realizó un pedido de acceso a la información pública que apunta a tomar conocimiento de si la Dirección Provincial de Vialidad ha iniciado “actuaciones y/o investigaciones sumarias por parte del organismo que Ud. preside sobre los hechos graves denunciados públicamente que dan cuenta del estado deplorable en el que se encuentran las rutas provinciales 38 y 39 y el acceso a la localidad de Colonia Elia, todos ellas obras ejecutadas a través de su repartición y que han sido inauguradas recientemente o que están próximas a finalizar”. La responsabilidad no solamente recae sobre la empresa que ejecuta las obras mal hechas, sino, y fundamentalmente, sobre los funcionarios, en este caso de vialidad, que con acciones u omisiones totalmente irregulares y, en la mayoría de los casos, que desnudan cuantiosos intereses, no sólo posibilitan estas graves estafas a los entrerrianos sino que también las orientan para obtener beneficios. Fuente: Ricardo David. |
