El Poder Ejecutivo acordó el pago de 1.815.000 pesos para que el grupo Los Palmeras se presentara el 20 de mayo pasado en la explanada de Casa de Gobierno junto a la Banda Filarmónica de Santa Fe. Para poder montar ese espectáculo, que reunió a una multitud en la Plaza Mansilla, también fueron necesarias una serie de erogaciones de las que todavía no hay datos oficiales.
La llegada de Los Palmeras se acordó con su representante, Carlos Fertonani. El empresario es la cara visible de la firma Santa Fe Producciones SH, que se encarga de la comercialización del espectáculo musical denominado “Los Palmeras con la Banda Sinfónica de Santa Fe”, que antes de su llegada a Paraná se había presentado con éxito en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.
Para justificar la contratación no sólo se aludió al poder de convocatoria de Los Palmeras entre diversos grupos etarios. También se señaló que la productora del concierto había presentado un presupuesto y contratos debidamente legalizados con cada uno de los músicos, contando además con las inscripciones de rigor ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
Toda esa documentación fue analizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Cultura y Comunicación (MCyC), que tras emitir un dictamen pasó las actuaciones a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, que efectuó la correspondiente previsión presupuestaria. Y luego fue el turno de la Contaduría General de la provincia, que tampoco puso reparos.
Cumplidas las formalidades administrativas, dos días antes de concretarse el espectáculo se emitió el decreto 1.831/18, que fue firmado por el gobernador Gustavo Bordet. A su rúbrica se sumó la del titular de la Secretaría General de la Gobernación, Edgardo Kueider, quien además está al frente del MCyC.
Según se explicó, el acuerdo con la productora se hizo en base a una de las excepciones previstas en la Ley 5.140, que regula las contrataciones del Estado. Se aludió al artículo 27, inciso c), apartado b), punto 5, que permite “adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusivo de quienes tengan privilegio para ello o que sean sólo poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no sea posible su sustitución por bienes similares”.
En principio todo pareció en orden, a tal punto que el decreto 1.831/18 MCyC fue publicado el 15 de agosto pasado en el Boletín Oficial. Sin embargo al poco tiempo los controles internos advirtieron un error que hizo necesaria la emisión de una nueva norma para evitar observaciones o cuestionamientos por parte del Tribunal de Cuentas.
Fue así que el 1 de junio último el MCyC dictó el decreto 1.460/18, que Kueider firmó junto al senador provincial Aldo Ballestena, por esas horas a cargo del Poder Ejecutivo. De esa forma se encuadró la contratación según la excepción prevista por la Ley de Contabilidad.
En el nuevo decreto, que se publicó el 16 de octubre último en el Boletín Oficial, se hizo referencia al artículo 27, inciso c), apartado b), punto 3 del decreto 404/95 MEOSP (Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos), que reglamenta la Ley 5.140.
La aclaración permitió encuadrar la operatoria bajo la modalidad de contratación por libre elección o negociación directa, la que “se podrá aplicar cuando (…) para la adquisición, ejecución o restauración de obras de arte, científicas o históricas no sea posible el concurso de méritos y antecedentes y sean confiadas en empresas o personas especializadas o de probada competencia”.
Sin embargo, todavía resta bastante por saber respecto de la organización del espectáculo. Hasta el momento no hay detalles sobre la inversión en publicidad oficial ni tampoco se conoce lo que demandó la contratación de los servicios de sonido, iluminación, videofilmación, armado de escenario y colocación de baños químicos para atender la demanda de las 30.000 personas que concurrieron a presenciar el concierto Oscar Londero.
