“La carga fiscal sigue siendo un problema grave para el productor arrocero, dijo Larrarte

Hoy, Macri, anunció medidas para –supuestamente- “aliviar la carga fiscal” de las Pymes de las economías regionales, indicando que a partir del mes que viene ningún empleador pagará impuestos por un trabajador que cobre hasta $ 17.500,00. Además, el presidente dijo: “Decidimos aumentar el mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de las economías regionales. Con esto, se benefician 19 mil empresas en todo el país, con 200 mil trabajadores”, recordó el senador del departamento San Salvador.

Vamos a dejar el análisis del empleo y los niveles de informalidad para otra ocasión, porque el propósito de estas líneas es demostrar que lo dicho por el presidente no tiene correlato en la realidad, al menos, respecto de la producción de “arroz”, apuntó Larrarte.

Veamos: la medida anunciada consiste en aumentar a la suma de $ 17.500,00 el mínimo no imponible por trabajador para el pago de aportes. Actualmente, ese mínimo, es de $ 7.300,00. Ahora bien, a ese dato debemos agregarle que -por un lado- las contribuciones patronales (aportes) representan hoy una carga equivalente al 30,50% del sueldo que se le paga al trabajador (siempre que este esté en blanco); y que –por otro lado- el pago de los sueldos representa solamente el 7,00% del costo de producción del arroz.

Entonces, la medida anunciada representa en rigor de verdad una rebaja de entre el 1,50% y el 2,00% de los costos de producción arrocera.

Y si bien es cierto que podrá decirse que cualquier baja en los costos es significativa, no es menos cierto que, la verdad indica que la carga fiscal sigue siendo un problema grave para el productor arrocero, toda vez que, también por decisión de Macri en el mes de septiembre del año pasado, se dispuso “retener” al productor de arroz –aproximadamente- el equivalente al 15% de su producción exportable en concepto de derechos de exportación.

La verdad es que la carga fiscal impuesta por Macri al sector arrocero continúa siendo “pesada” y tiene en riesgo a las Pymes y a sus empleados, remarcó el legislador.