“La realidad es que el sector tiene alrededor de 170.000 pymes que deberán hacer sus números de forma muy finita”, destacan.

El Congreso trató y dio media sanción al proyecto de ley que grava el capital de trabajo (“Aporte Solidario”), los bienes de cambio, la maquinaria y todos los demás activos que, en su conjunto, son la base de producción y desarrollo  de la Argentina.

En este sentido, la  Fundación Berbechano enumera los motivos por los que se lo considera un impuesto confiscatorio y de gran alcance para el sector agroindustrial, y todas las actividades desarrolladas por pymes y grandes empresas.

Sorpresivamente, Máximo Kirchner, jefe de bloque del oficialismo, convocó a sus pares para tratar el proyecto que crea el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, con la confianza de que efectivamente va a lograr el acompañamiento de otros bloques en su aprobación.

“Este nuevo impuesto no solo no morigerará nada, sino que aumentará el desempleo y desalentará la inversión”, destacan desde la Fundación.

Cómo afectan a la agroindustria

Barbechando repasa que impacta directamente en los bienes productivos, los bienes de cambio (sementera, stock de granos, hacienda), la maquinaria y todos los demás activos: “En su conjunto, son la base de producción y desarrollo de la Argentina”.

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Este “aporte solidario” alcanza todos los activos que posea una persona humana o una sucesión indivisa, incluyendo la participación que tenga en una sociedad productiva.

Lo que sucede es que la base imponible de este impuesto considera todos los bienes, inclusive aquellos bienes exentos en la Ley de Bienes Personales, como son los inmuebles rurales. Cuando a estos activos exentos se los valúa según la Ley de bienes personales, llegar a $200 millones es una realidad mucho más cercana.

“Los números muestran que valuando los bienes productivos, según la Ley de Bienes Personales, se alcanzan los $200 millones de patrimonio sin que esto signifique ‘ser rico’, sino por el simple hecho de tener capital produciendo”.

Afecta directamente a Pymes: “Toda empresa PYME o no PYME tiene como dueño final de su capital accionario una persona humana. Entonces una pyme productora que tiene maquinaria y bienes de cambio, además de otros activos y tiene un patrimonio de $200 millones según su último balance, forma parte de la base imponible de la persona humana”.

El proyecto no contempla ni la rentabilidad ni la liquidez disponible, por lo tanto el productor o la pyme deberá vender alguno de sus bienes para pagar este nuevo impuesto.

Según la AFIP, afecta a más de 9 mil personas ya que en este calculo inicial del gobierno se toma la base de Bienes Personales donde no se contemplan en la mayoría de los casos aquellos bienes que se encuentran exentos, como el inmueble rural, sociedades de capital, tenencia de bonos argentinos, tenencia de acciones de sociedades argentinas, entre otros: “La realidad es que el sector tiene alrededor de 170.000 pymes que deberán hacer sus números de forma muy finita”, destaca Barbechando.

En este sentido, se define como “un impuesto confiscatorio”: “Los gravámenes al patrimonio -Bienes Personales y el impuesto a la riqueza-, en su máxima escala alcanzan al 7,5%, es decir, para hacerle frente al aporte, el sujeto alcanzado debe vender parte de su patrimonio”.

“El impuesto grava al que produce”

A modo de ejemplo, Barbechando pone a un productor que compró un campo de 800 hectáreas a 4000 USD (2019: USD 1=$50) ya tiene un activo de 160 millones de pesos por el inmueble rural. Pero también se debe contemplar el activo productivo (semillas, herbicidas, fertilizantes + stocks anteriores + maquinaria propia) y alcanza el universo de los sujetos alcanzados.

Otro caso: un productor agropecuario que invirtió en el desarrollo de una planta de biodiesel, con un aporte de capital en infraestructura de 80 millones, en un campo de 70 millones de valor fiscal, sumado al capital productivo, estaría en el orden de los 200 millones.

Un productor que invirtió en una granja de cerdos de 400 madres, producción mediana, supera los 200 millones. O un productor de pollos parrilleros con 6 galpones ya es alcanzado por el impuesto.

Para el caso de productores ganaderos, el nuevo impuesto contempla todos los activos de la sociedad productora, entre otros, todas las categorías de hacienda.

¿Qué proponen desde la Fundación?

El destino de los fondos: el impuesto tiene diferentes destinos de financiamiento, entre ellos, un 20% para asistencia sanitaria; un 20% para subsidio de Pymes; un 20% para becas Progresar; un 15% para Fondo de integración socio-urbana; y un 25% para producción de gas natural. La mejor decisión es dejar a las pymes fuera de este impuesto. A las Pymes, hay que dejarlas producir, son el motor de la economía y la generación de empleo.

Dejar afuera del alcance del proyecto a los bienes productivos: permitiría mayores inversiones productivas, de servicios, de comercialización, agropecuarias, entre otras.

Que se exima la inversión en empresas locales e inmuebles rurales productivos. Fuente: Por Agrofy News