Crédito: Análisis Digital

Emiliano Giacopuzzi, imputado en las causas en que se investiga el presunto direccionamiento de contrataciones de publicidad en vía pública y el pago de coimas en la última etapa del gobierno de Sergio Urribarri, entre 2010 y 2015, declaró este martes en el marco del megajuicio.

Ante el Tribunal, explicó cómo comenzó su actividad en el rubro de la impresión, la comunicación visual y la publicidad en vía pública y negó ser el prestanombre de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre. «Parecería que ser amigo de alguien es un delito», afirmó al referirse a la acusación de la Fiscalía, que sostiene que las empresas Tep SRL y Next SRL son propiedad de Aguilera.

La acusación dice que existía una organización delictiva para la captación de forma exclusiva de la publicidad oficial en vía pública entre Tep y Next, presuntamente de Aguilera, más Jesús Bustamante y Hugo Montañana, que ello sucedió así entre 2010 y 2015, y que para garantizar la permanencia en ese círculo cerrado era condición sine qua non el pago de sobornos.

El diseñador gráfico y empresario Giacopuzzi relató que su actividad comenzó junto a su colega y amigo Maximiliano Sena -también imputado en el caso-, con quien creó la firma 5 Tipos en 2004 y que, más adelante, decidió formar la empresa Tep SRL en 2009, donde incorpora como socios a Alejandro Almada y su hermana Luciana, quien además es esposa de Aguilera.

«En este recinto me intentaron descalificar. Como imputado es muy violento y desgastante someter a este proceso a mi familia, a mi persona y a muchas de las personas que laburaron conmigo durante 20 años. La verdad es bastante difícil estar imputado hace casi seis años», manifestó y cuestionó los titulares periodísticos, donde la causa suele consignarse como el caso «de la vaca» o de las imprentas.

Enseguida, mencionó que la idea de crear una imprenta nació en la Universidad, cuando estudiaba Diseño Gráfico en Santa Fe. Señaló que con Sena comenzaron con 5 Tipos desde abajo: primero alquilaron un departamento donde tenían dos computadoras y una mesa tipo tablón; y que más tarde adquirieron el inmueble de calle Cura Álvarez 461.

Refirió que ello se logró con el dinero de la venta de unos campos de los padres de Sena: «Con Maxi hicimos un pacto donde él me decía que por poner la escritura de su padre, él iba a ser la cara visible de la empresa y yo le pedí ser un empleado en relación de dependencia, pero que las figuras no nos confundan. Eso quedó claro y alquilamos Cura Alvarez 461. Ahí nace 5 Tipos», relató.

Así fue que, dijo, tuvieron que contratar más personal y sumaron al emprendimiento a Luciana y Alejandro Almada, este último «de forma intermitente» porque trabajaba en la Policía. Refirió que los primeros grandes trabajos los consiguieron a través de Rosario Ignacio La Barba, quien se encargaba de la comunicación del gobierno de Urribarri y de campañas del PJ.

A través de la pantalla gigante en el salón donde se desarrolla el juicio, el imputado mostró una foto en el que se veía uno de sus primeros trabajos para el Gobierno, que se trató de una gigantografía colgada en el edificio del Consejo General de Educación en la Semana por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Luego sostuvo que realizó una investigación de mercado sobre la publicidad estática y concluyó que lo que se realizaba en la capital entrerriana «era muy básico» y que casi los únicos que trabajaban en ese rubro eran José María Bustamante y otra persona de apellido Vieira.

Afirmó que al comprender el mercado, decidió ingresar en el mundo de la publicidad estática en rutas y conformar la firma Todo en Publicidad (Tep SRL), cuya marca comercial era Formato Urbano. «En un momento, cuando ya teníamos la planta conformada, yo le digo Luciana, tengo esta idea y me la quiero jugar: necesito hacer una sociedad y que me dé esa parte que no tengo, la parte humana con el personal. Le pedí a Luchi que forme algo conmigo. Luchi me dice ‘sé que son muy amigos con Juan (Aguilera)’ y que primero tenía que hablarlo con él porque ‘a veces la amistad y el laburo no van de la mano’. Igual, en una pesca en La Paz le dije a Juan que yo necesitaba que Luchi forme una sociedad conmigo».

En ese sentido, afirmó: «Le fui sincero, le dije ‘mirá necesito a Luchi y no lo hago con Maxi (Sena) porque quiere seguir con la imprenta y la librería’. Sabía que en un punto Juan ayudaría a su mujer por sus relaciones, como cualquier pareja ayudaría a su mujer».

Más adelante, una vez en formación la firma, contó que adquirió un galpón en calle Racedo y que el inmueble pertenecía a Adrián Fuertes, quien fue intendente de Villaguay por el PJ y actualmente es legislador. Además, dijo que en el Parque Industrial de Paraná comenzó a producir arquitectura para la publicidad callejera y mobiliario urbano, que tenía que ver con la señalética y la comunicación visual.

Pero luego dijo que todo se hizo más difícil con la apertura de la investigación penal: «Desde el 1º de agosto de 2016, cuando me allanan las instalaciones de Racedo y el galpón en el Parque Industrial, todo empezó a ser cuesta arriba».

En otro tramo de su declaración, Giacopuzzi aseguró que «hubo un montón de laburos que no se me pagaron y que se mostraron (en el juicio) como que los cobré».

«Me acusan de ser un testaferro de Juan Pablo Aguilera. La verdad que me parece que resumir a que caí en paracaídas en 2009 me ofende. Lo que conté me pone en una posición de titular de empresa que lejos está de ser un testaferro. En 20 años lo único que he hecho es laburar», aseveró.

En ese marco, manifestó: «Pareciera que ser amigo de alguien es un delito o tener a la pareja de alguien como socia es un delito. Puedo decir que en el informe que mostró el contador (Héctor) Enrique, está demostrado que hay un trabajo que se me encarga, que el decreto de pago salió seis meses después y que el laburo lo terminé cobrando un año y cuatro meses después. Si verdaderamente Juan Pablo, cuñado de Urribarri, me estaría favoreciendo no encuentro el nexo que demuestre dónde está el favorecimiento».

El sueldo y las fotos ilustrativas

Ante las preguntas de su defensor Miguel Ángel Cullen, Giacopuzzi sostuvo que es el dueño de las empresas mencionadas en el juicio y que no cobraba menos salario que la contadora Corina Cargnel, como la Fiscalía sugirió en audiencias anteriores. «Nada tenía que ver mis adelantos como socio gerente con eso que quisieron mediatizar de que la contadora cobraba más que el dueño de la empresa», afirmó.

Sobre las fotos supuestamente manipuladas digitalmente para certificar la colocación de la publicidad en ruta contratada, sostuvo que «la única forma que me exigían era presentar las facturas con esta representación gráfica. Ahí yo informaba que tal o cual trabajo ya estaba realizado. Lo que se ha dicho del fotomontaje me parece que hay una clara intención de marcar un delito con algo que lo único que hace es mostrar un momento a través de una representación gráfica».

La imputación

Los delitos investigados en la causa «de la vaca» o imprentas consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”. Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.

El 24 de mayo de 2018, apareció el primer arrepentido de la causa: el publicista Jesús José Bustamante. El empresario admitió en un juicio abreviado haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones. Fuente: Entre Ríos Ahora