El gendarme Leandro Luis Tajes, quien dirigió la investigación contra cuatro individuos de Gualeguaychú por venta de droga, declaró frente al Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná.

«En Gualeguaychú debe haber unas 20.000 personas que consumen cocaína», estimó frente a los jueces Noemí Berros, Roberto López Arango y Lilia Carnero. Más adelante el funcionario aclaró que ese número corresponde a la época de la pesquisa: el año 2016, y dijo que actualmente no podría precisar un número de consumidores porque no está trabajando en esa localidad.

Tajes ya es conocido en el TOF de Paraná por sus investigaciones en el sur entrerriano. De hecho, en 2015 se juzgó a una banda de seis integrantes con penas que fueron de los 4 a los 8 años de prisión. En ese momento, la pesquisa del gendarme estuvo orientada a desbaratar la provisión de cocaína de máxima pureza desde Gerli, provincia de Buenos Aires, para el corte y venta al menudeo en Gualeguaychú.

Esta vez, el funcionario de investigaciones se dedicó a armar las piezas de un rompecabezas más chico. Logró identificar y establecer los roles de cuatro personas -todas de Gualeguaychú-, que se dedicaban a vender cocaína al menudeo. La pesquisa se realizó en pocos meses de 2016 y, como en la causa anterior, la metodología de trabajo se basó en intervenciones telefónicas, seguimientos y vigilancias, entre otras tareas.

Las cuatro personas que durante estas jornadas asisten al TOF de Paraná como acusados, enfrentan penas que van de los 4 a los 15 años de prisión por el delito de comercialización agravada de estupefacientes (Ley 23.737). Todos aguardan una definición en prisión preventiva, y ninguno de ellos decidió ampliar sus indagatorias en instrucción.

Después de que pasaran 20 testigos entre gendarmes y civiles por la sede judicial de calle Urquiza de Paraná y se incorporara prueba testimonial y documental por lectura, este jueves se cerró la etapa de testimoniales en la causa. Por eso, el debate se reanudará en una semana con la concreción de los alegatos críticos. A la acusación la llevará adelante el fiscal general José Ignacio Candioti. Y por otro lado, los abogados Pablo Di Lollo; José Ostolaza; Agustín Vizcarra y Sebastián Arrechea defenderán a los imputados.

«Era demasiada la droga que estaba entrando y quería cortarla»

Luis Tajes fue uno de los testimonios más esperados por estos días. Sucede que el gendarme llevó adelante toda la investigación que hoy está en debate y por eso estuvo más de una hora y media declarando.

El agente comenzó aclarando que no recordaba si la investigación inició por su propia iniciativa, porque se lo pidieron desde el Juzgado o derivó de otra causa. Contó que primero vigilaron un kiosco en el barrio La Cuchilla de Gualeguaychú, uno de los más populosos de la localidad. «Ese kiosco estaba al lado de la casa de Kreick y era atendido por familiares de él. Nosotros sabíamos que vendían ahí. De hecho tuvimos una filmación que nos aportó un remisero, que llevó gente a comprar ahí», reveló Tajes.

«Con el avance de la investigación surgieron Bisogni, Queirolo y Arévalo. Pedimos la intervención del teléfono de Kreick y el de Arévalo. Quisimos llegar a los encuentros entre estas personas pero erramos algunos porque la información de los celulares nos llegó tarde», dijo el gendarme, en referencia a la cita que tuvieron los individuos involucrados en la causa en el Parque Unzué de Gualegauychú, donde se habría concretado un pasamano de droga. «Pedimos a un vecino que nos aporte la filmación de su cámara de seguridad y chequeamos que ese encuentro se produjo. Después observamos otro cerca de un supermercado Carrefour. Nosotros no podíamos acercarnos mucho. Andábamos en moto porque el único vehículo que teníamos ya lo conocían todos».

El gendarme detalló los vehículos que tenían identificados para la comercialización de estupefacientes. En el mismo sentido, dijo que chequearon propiedades inmuebles para vivienda y el local comercial donde funcionaba el lubricentro. «La investigación se aceleró en poco tiempo, 30 o 35 días», aseguró.

El día del procedimiento que permitió el desbaratamiento era 24 de octubre. Según Tajes, supieron que se concretaría la compraventa de un kilo de cocaína en las calles Guido Spano y Roca porque la información salió de los contactos telefónicos entre los imputados. «Cometieron errores. Kreick habló de 145.000 pesos. Yo me comuniqué con el Juzgado (NdR de Concepción del Uruguay) y me habilitaron realizar el ‘corte'», afirmó frente a los jueces. Sucede que ese viene siendo uno de los puntos más fuertes de defensa, saber si Tajes efectivamente estaba autorizado o no para realizar el operativo.

El funcionario recordó cómo se dio la interceptación de la maniobra delictiva. Contó cómo ordenó a los efectivos de su grupo y cómo ocurrió el allanamiento en el que detuvieron a Arévalo, Bisogni y Queirolo. Señaló que encontraron casi un kilo de cocaína y «una bolsa con dinero». Luego fueron a allanar «la casa del kiosco», donde vivía Kreick. «En las botellas de cerveza había bochitas de cocaína», asentó.

«Era demasiada la droga que estaba entrando a Gualeguaychú y quería cortarla», dijo más adelante el gendarme. «¿Podía seguir más arriba? Sí, pero en poco tiempo habían entrado entre 4, 5 o 6 kilos de cocaína», respondió Tajes a las preguntas del defensor Di Lollo. «En Gualegauychú debe haber unas 20.000 personas que consumen cocaína», acotó luego y aclaró que ese número de consumidores estimaba en 2016, cuando realizó la investigación. «Ahora no sé cuántos habrá, porque estoy en Buenos Aires», señaló. Reafirmó también que el kilo de cocaína rondaba los 145.000 pesos, y se refirió al barrio La Cuchilla como un lugar «difícil». «Nosotros no podíamos entrar ahí», agregó.

Otra de las afirmaciones del funcionario que quedaron rebotando en la sala de audiencia, fue cuando dijo que uno de los números telefónicos intervenidos hacía «contrainteligencia».

«Nosotros creíamos que era alguien de la fuerza, por la forma que tenía ese número de protegerse, de cuidarse. Se activaba siempre en la misma zona», señaló. Fuente: El Once – Análisis Digital