El ex director de Obras Sanitarias de Entre Ríos, Hugo Righelato, confesó haber beneficiado con contrataciones de obras a empresas de personas allegadas y aceptó cumplir una condena de tres años de prisión efectiva. Le decomisan dos inmuebles y 10.000 dólares.

Hugo Righelato podría ingresar el próximo viernes a la cárcel, convirtiéndose en el primer funcionario de la administración de Sergio Urribarri en recibir una condena por delitos de corrupción.

El ex director de Obras Sanitarias de Entre Ríos confesó haber utilizado vehículos, maquinarias, personal y recursos del Estado en beneficio propio o de empresas de allegados y haber beneficiado a esas firmas para la ejecución de obras públicas. Para decirlo más claramente: Righelato admitió que estaba en los dos lados del mostrador.

El ex funcionario aceptó una condena de tres años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Además, deberá entregar dos inmuebles registrados a nombre de la empresa Azul SRL, que lo tiene como socio junto con su pareja, Haydee Analía Varela. Se trata de una vivienda ubicada en calle Bravard 266, valuada en 836.388,32 pesos; y otra sita en Laprida 1101, valuada en 516.658,34 pesos. También tendrá que devolver 10.000 dólares.

El juicio abreviado es una herramienta que permite al acusado hacer una negociación para evitar el juicio: a cambio de declararse culpable, acuerda con el fiscal una pena menor a la que potencialmente podría corresponderle en caso de ser condenado en un debate oral. Claro que la confesión no es suficiente, sino que el juez debe ponderar la prueba para convalidar el acuerdo, y hasta puede rechazarlo.

En la audiencia ante el juez Elvio Garzón, el ex funcionario admitió el delito: “Soy totalmente consciente de los hechos que se me imputan y de la pena acordada”, dijo escuetamente. En caso de que el acuerdo sea homologado, Righelato será condenado por los delitos de peculado de bienes y servicios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude; y quedaría detenido en la cárcel de Paraná, aunque podría salir bajo libertad condicional a los ocho meses, e incluso antes si se tiene en cuenta que en el transcurso de la investigación, pasó casi cinco meses detenido, con una estadía en la unidad penal y un tiempo bajo arresto domiciliario. Ese lapso se computa como parte de la pena acordada.

Una de las empresas beneficiadas por los negocios de Righelato es Azul SRL, creada en el año 2011, en la que figuran como socios el propio Righelato y su pareja. La firma se dedica, entre otras actividades, a la “remodelación de obras en terrenos propios o de terceros” y, pesar de no estar inscripta como proveedora del Estado, ha realizado trabajos que terceriza Obras Sanitarias.

En la presentación del juicio abreviado, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull destacó que durante la investigación se había probado “la afectación de recursos públicos a favor de la actividad privada” y citó como ejemplo el hallazgo de un camión de Obras Sanitarias y elementos de la repartición en un galpón perteneciente a Azul SRL en Oro Verde. “Hubo una fusión entre el patrimonio privado y el patrimonio público, aunque todos los elementos que pertenecían al Estado provincial fueron confiscados y recuperados”, resaltó el fiscal.

El esquema también benefició a otras dos empresas vinculadas a Righelato: Tecnogeo SA, formada en 2009 y dedicada a la perforación de pozos de agua, que tenía como cabeza visible al empresario Roberto Marcelo Diderle; que a partir de 2014 pasó a denominarse Ecocien SA, integrada por Diderle y Marlin Romina Trejo, que también es empleada de Obras Sanitarias. Ninguna tenía prácticamente personal ni maquinarias, y los trabajos eran ejecutados con empleados, máquinas y movilidad del Estado.