Luego de un fallo judicial a nivel provincial y de una resolución municipal en Gualeguaychú, en ambos casos contra la aplicación de agroquímicos, el campo en Entre Ríos alertó por un impacto sobre la producción del sector con miles de hectáreas que se verían afectadas.
Por un lado, un fallo de la Cámara Civil, Sala Segunda de la provincia ordenó el cese de “fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos”. Remarcó que “existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior”. Ese fallo, ahora apelado por el gobierno provincial, fue después de un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En la provincia existen 850 escuelas rurales.
En tanto, en Gualeguaychú una ordenanza municipal avanzó sobre la prohibición del glifosato, afectando inclusive a las empresas distribuidoras.
En un reciente comunicado, las entidades del sector indicaron que el fallo con respecto a las escuelas utilizó denominaciones erróneas e inadecuadas para nombrar a los fitosanitarios y alertaron: “Si no se puede utilizar para agricultura un radio de 1000 metros, estamos dejando sin producir un total de 282.000 hectáreas”. Para comparar, eso equivale a casi toda la siembra de trigo en Entre Ríos, que ocupa unas 300.000 hectáreas.
“Estamos convencidos que la aplicación de fitosanitarios se debe hacer con responsabilidad, pero no podemos dejar de producir, se debe encontrar un punto medio”, sostuvo Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Y agregó: “Es el Estado quien debe controlar a que los productores hagan bien las cosas”.
El directivo de la entidad destacó que en el sector están preocupados por lo que consideran un avance ambientalista que busca poner a la actividad agrícola como “nociva para la sociedad”. Agregó que, no obstante, según el fallo “los fines de semana se puede aplicar fitosanitarios porque no hay chicos en los establecimientos educativos”.
El gobierno provincial apeló la medida y convocó a las partes para que acuerden sobre un tema como son las aplicaciones fitosanitarias. Álvaro Gabás, secretario de la Producción del gobierno entrerriano, explicó que el estado provincial apuesta por las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y por el cumplimiento de la ley 6599 que regula las pulverizaciones, pero indicó que el sector agrícola tiene mucha incertidumbre porque “si se hace lugar al fallo se deja de producir”.
“Hay que convivir con tres modelos: el agroecológico, el tradicional y el orgánico. El cambio debe ser gradual para equilibrar el sistema productivo; esta transformación cultural va a durar al menos 20 años”, dijo. Y añadió: “Los jueces son demagógicos e ideológicos y emiten fallos sin convocar a las partes involucradas”.

El otro caso y las contradicciones

En Gualeguaychú, la sanción de la ordenanza 12.216 por parte del Concejo Deliberante prohibió el uso, la aplicación, expendio, almacenamiento, comercialización, transporte y venta del glifosato dentro del ejido municipal. Según afirman, dejó a los distribuidores y a los productores agrícolas sin poder trabajar.

La interposición de un amparo, porque entienden se estaría afectando el derecho constitucional a trabajar, y luego la negativa de un juez, los dejó intranquilos, según señalan. Allí cuestionan que el organismo legislativo comunal se subrogó facultades inherentes al Senasa, que con anterioridad habilitó el producto en cuestión.
Según un estudio realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el 4% de la superficie de las 708.000 hectáreas que tiene el departamento de Gualeguaychú no se podrá hacer ninguna aplicación, en tanto que en el 33% se afectarán las aplicaciones aéreas.
En este sentido, el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, destacó “la decisión del Gobierno en la promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)”, pero remarcó que cada provincia tiene su jurisdicción que se debe respetar.
“No nos parece adecuada la decisión ni el camino que tomó la Justicia porque no tienen elementos fehacientes que prueben los daños”, dijo. Y agregó: “Esperemos que se revisen esas medidas”.
Para Pacheco todo es un contrasentido. “Los mismos intendentes que quieren prohibir las aplicaciones fitosanitarias piden que vuelva el Fondo Sojero”, dijo. Fuente: La Nación – Mariana Reinke