Más allá de las últimas lluvias, hay zonas donde preocupa el estado de los cultivos. Con menos rendimientos, el impacto de las retenciones será todavía mayor.
El arranque del año le trae al agro más incertidumbres que certezas. Mientras espera cómo se resolverá el diferendo con el Gobierno nacional por el aumento de tres puntos porcentuales a las retenciones, contemplado en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y que aún está bajo análisis oficial, el clima le aporta dudas sobre cómo será el resultado de la producción de granos.
En septiembre, una proyección de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires situaba la cosecha agrícola nacional en 131,7 millones de toneladas, un volumen que ya fue ajustado a 128,6 millones de toneladas debido a las pérdidas en trigo y cebada, en especial en la provincia de Buenos Aires. A eso habría que agregarle las mermas por soja y maíz. Si se tiene en cuenta que la bolsa porteña había indicado que en la campaña anterior se recolectaron 135,3 millones de toneladas, el aporte 2019/20 ya se redujo en 6,7 millones de toneladas.
Es que la primavera no fue beneficiosa para los cultivos. Todo lo contrario. A tal punto que según la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de su Guía Estratégica para el Agro (GEA), la calificó como la peor de los últimos nueve años en cantidad de precipitaciones. Hasta el 21 de diciembre, el este cordobés y el sur de Santa Fe estaban dentro de las zonas que menos lluvias habían recibido.
Este escenario, en el cual los maíces tempranos y las sojas no atravesaban un buen momento, puso en dudas los rendimientos a futuro. Se calculaba que en la provincia se requerían entre 140 y 160 milímetros para que las condiciones de humedad de los suelos sean óptimas.
Como si buscara revertir este déficit inicial, el clima tuvo un guiño favorable en los últimos días de diciembre, cuando llegaron las lluvias.
Entre el 19 y el 30 de diciembre, según la GEA, en toda la provincia hubo lluvias superiores a los 50 milímetros, con valores superiores a los 100 milímetros en el 30 por ciento de su territorio.
Sin embargo, en algunas zonas, el panorama sigue siendo de incertidumbre. Por ejemplo, al norte de Jesús María donde las lluvias de los últimos días generaron inundaciones, en Villa del Totoral los maíces aún necesitan agua. “Con ocho mil kilos por hectárea, la rentabilidad era entre dos y tres por ciento. Con el clima actual, ese rendimiento no será posible de lograr”, admitió un productor de la zona.
El otro clima, el de los negocios, también preocupa en la región, ante la mayor presión impositiva –no sólo con más retenciones– que afrontarán las economías del interior.
Esta sensación se pudo palpar el pasado viernes 27 de diciembre, durante la asamblea multisectorial realizada en la Sociedad Rural de Jesús María.
Quienes realizan actividad económica en la zona advierten que el comercio está asfixiado por Ingresos Brutos y tarifas de servicio, a lo que se le agrega un aumento de retenciones que hace que cada vez más plata se vaya al Estado y no derrame en la región.
Con la percepción de que el Gobierno nacional podría tomarse hasta marzo para resolver qué hará con el aumento adicional a las retenciones, en el agro saben que la disputa por la carga impositiva será larga.
Sostienen que la propuesta oficial de compensar los derechos de exportación por la distancia a los puertos y la segmentación por productores nunca funcionaron.
Mientras tanto se mantienen alertas y en estado de movilización, situación que podrían ratificar el viernes 3 de enero, cuando en otra asamblea multisectorial, con presencia de titulares de las entidades nacionales que integran la Mesa de Enlace, se vuelvan a reunir en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Alejandro Rollán – Agro La Voz.