El Poder Ejecutivo dispuso la baja por cesantía de la Policía de Entre Ríos de siete efectivos de la fuerza que en la Semana Santa de 2012 secuestraron a dos adolescentes de 14 y 15 años, a quienes acusaron de haber robado elementos de una escuela, los trasladaron a un descampado, y los sometieron a un simulacro de fusilamiento y luego, uno de los chicos, fue torturado con una picana eléctrica. Los hechos ocurrieron en Rosario del Tala.

Una década después de aquellos hechos, y a través del decreto Nº 3.718, del 26 de octubre de 2022, publicado el jueves 23 del actual en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la destitución por cesantía del comisario inspector Pablo Leoncio Segovia, oficial subinspector Gustavo Daniel Fornerón, oficial subinspector Ludmila Natalí Soto,  cabo 1° Marcelo José Milezzi, cabo 1° Neri Andrés Magallan, cabo 1° Héctor Leopoldo Mori, y del agente Claudio Marcelo Monroy.

El decreto, que lleva las firmas del gobernador Gustavo Bordet y de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, recuerda que “a nivel judicial, los funcionarios policiales Milezzi, Soto, Mori, Monroy, Fornerón y Magallán fueron  encontrados responsables de los delitos de torturas en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y vejámenes (…), condenándolos a la pena d 8 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias legales, y a Pablo Leoncio Segovia se lo condenó como autor penalmente responsable de los delitos de torturas en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y vejámenes por omisión funcional (…) a la pena de 2 años de prisión de cumplimiento condicional (…)  e inhabilitación especial por cuatro 4 años”, precisó el sitio digital Entre Ríos Ahora.

Los hechos por los cuales fueron condenados los policías sucedieron los días 29, 30 y 31 de marzo de 2012, en Rosario del Tala. Entonces, los efectivos secuestraron a dos adolescentes de 14 y 15 años, a quienes acusaron de haber robado elementos de una escuela, los trasladaron a un descampado, y los sometieron a un simulacro de fusilamiento y luego, uno de los chicos, fue torturado con una picana eléctrica. Durante el proceso, las víctimas fueron representadas por los abogados Rubén Pagliotto e Iván Vernengo.

El fallo de 2015 fue apelado por los policías y recibieron varios reveses judiciales. El 15 de diciembre de 2016, la Cámara de Casación Penal de Paraná rechazó el recurso de casación y, luego, en junio de 2018, el STJ no hizo lugar a una impugnación extraordinaria, con lo cual dejaba firme la sentencia y los uniformados debían comenzar a cumplir sus condenas en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay.

Los defensores de los uniformados fueron en queja a la Suprema Corte de Justicia de la Nació, que en 2021 rechazó el planteo y de ese modo quedó firme la condena.