La plana mayor de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la entidad con mayor presencia territorial del agro argentino, analizó este miércoles la situación: Los productores llevan dos meses esperando a que el gobierno responda a una serie de peticiones sobre la presión fiscal y la suba de retenciones.

Sin ningún guiño desde el Ministerio de Agricultura, con todo el gabinete de Alberto Fernández ocupado de situaciones más urgentes como la renegociación de la deuda, en la entidad agropecuaria se impusieron las posiciones más duras, en especial la de la bonaerense Carbap, que ya había anticipado que pediría lanzar una medida de fuerza.

“CRA, atento a los múltiples reclamos generados en asambleas en todo el país, decide por unanimidad comunicar a la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) la necesidad de determinar fecha y modalidad de un cese de comercialización”, estableció un comunicado luego de dicha reunión. La reunión de Jorge Chemes, el presidente de CRA, con sus pares de la Mesa de Enlace (y no CEEA, que nadie le dice así) debería producirse la semana que viene.

Revisemos la saga.

• El 10 de diciembre asumió Alberto Fernández y a las pocas horas, por decreto, el gobierno produjo una “actualización” de las alícuotas de las retenciones, que en los hechos significó un aumento de 5 puntos. La soja pasó de tributar 24,7% a 30%. El trigo y el maíz del 6,7% al 12%. Muchos otros productos, como la carne y la leche en polvo, pasaron a tener una retención del 9%.

• Unos días después, el Congreso aprobó una Ley de Emergencia que autoriza al Ejecutivo a subir todavía más las retenciones, hasta 33% en el caso del poroto de soja y hasta 15% para los cereales. Ese aumento todavía no se aplicó, pero pende como una amenaza sobre la cabeza de los productores en medio de la campaña.

• En esa misma ley se define que el gobierno deberá “segmentar” las retenciones para aliviar la presión fiscal sobre los productores más pequeños. En el Ministerio de Agricultura se estuvo trabajando en diferentes escenarios para realizar esa compensación que reclaman algunas entidades de la Mesa de Enlace, en especial la Federación Agraria. Pero todavía no se conoce cuál será la fórmula a aplicar ni su alcance.
• El ministro Luis Basterra se ha venido reuniendo en este verano con distintos sectores y actores de la producción, en general los más afines a la política del gobierno. Pero esquivó dar una respuesta a una carta que la Mesa de Enlace le envió a fines de enero reclamando una respuesta a los planteos que se habían hecho ante el presidente Fernández el 23 de diciembre. Fue aquella la única reunión para hablar sobre retenciones.
• En el medio, muchos grupos de productores “autoconvocados” se han estado organizando y armaron tractorazos y asambleas, en los que se critica no solo la intransigencia del gobierno sino la debilidad de las entidades tradicionales para exponer los reclamos del agro. Allí también se solicita usualmente la adopción de medidas de fuerza.

Por eso, en esta sucesión de desencuentros, el Consejo Superior Directivo de CRA se decidió a “canalizar los múltiples reclamos generados en asambleas realizadas en todo el país, en donde de solicitan respuestas del Gobierno y ante la ausencia de ellas realizar medidas de fuerza”.

“Sin una agenda de trabajo conjunto con el Gobierno actual, y una relación Campo – Gobierno que permita generar mecanismos que generen certidumbres, confianza y esperanza es difícil avanzar”, reclamó CRA, que además pidió “un alivio de la presión impositiva agobiante que sufre la ciudadanía en su conjunto, como así también, la necesidad de disminución del gasto político, dando de esta manera señales en el sentido correcto”.

En el último párrafo del comunicado, la entidad habla de un cese de comercialización, que es una figura bastante utilizada por la Mesa de Enlace, y consiste en vaciar los mercados de granos y hacienda durante varios días. Podría ser este el punto inicial de una escalada.