Un relevamiento satelital hecho por Greenpeace reveló la extensión deforestada en cuatro provincias del norte entre el 15 de marzo y el 15 de abril.
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial de Covid-19 no detuvo el daño ambiental: sólo en el último mes se desmontaron en el norte del país más de 6500 hectáreas. El dato se traduce en que la Argentina perdió 211 hectáreas de bosque por día aun en un contexto de aislamiento obligatorio. “Si la deforestación en cuarentena es un delito penal por no estar considerada como una actividad esencial, ¿qué podemos esperar después, cuando los responsables sólo tengan que pagar una multa?”, advierten los ambientalistas.
Según el monitoreo que realizó la organización Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales, entre el 15 de marzo y el 15 de abril se desmontaron 3222 hectáreas en Santiago del Estero, 1194 en Salta, 1132 en Formosa y 1017 en Chaco. Sólo estas cuatro provincias concentran el 80% de la deforestación del país.
“En los últimos 30 años perdimos cerca de 8 millones de hectáreas y somos uno de los diez países que más destruyen sus bosques. Es irresponsable y hasta suicida que, frente a la crisis sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando”, se queja Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Al igual que ocurre con las fumigaciones con agrotóxicos, con muchos productores aprovechándose de los recursos ocupados en contener la propagación del Covid-19 para aplicar sin ningún tipo de control, los dueños de las topadoras arrasan miles de hectáreas de bosque nativo, con un agravante: están cometiendo un delito.
“Las actividades agropecuarias estaban exceptuadas de cumplir la cuarentena desde el principio –explica Giardini–, y desde hace una semana están permitidas las actividades forestales, como pueden ser los madereros, el carbón, una tala controlada. Lo que hacen las topadoras es otra cosa: convertir un bosque en un cuadrado pelado para pastura de vacas o cosecha de soja. El desmonte no es una actividad esencial y realizarlo en este contexto es un delito penal”.
La publicación del informe de Greenpeace provocó reacciones dispares de los gobiernos provinciales. Santiago del Estero y Formosa aún no se expresaron públicamente. Chaco, en cambio, reconoció a través del subsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, áreas desmontadas durante la vigencia del aislamiento obligatorio, por lo que aplicó sanciones y prometió más inspecciones.
El caso más polémico, sin dudas, es el de Salta. Su ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, se desentendió del tema al considerar que el Ejecutivo provincial no tiene el “poder de policía” necesario para evitar los desmontes en cuarentena. El funcionario, que todavía se ufana de haber sido el primer presidente de la Federación de Entidades Rurales de Salta, está acostumbrado a defender los intereses de los grandes terratenientes porque también son los suyos. No sorprende que uno de los que usufructuaron esa carta blanca haya sido el presidente de la Sociedad Rural salteña, Ignacio García del Río, dueño de una finca ubicada en el departamento San Martín, donde más de cien hectáreas fueron deforestadas después del 20 de marzo.
Para Giardini, “si el Estado no manda a la policía a controlar los campos, no lo va a hacer nadie. Un juez no se va a levantar para ir a ver si en una finca están desmontando. Encima, los grupos indígenas y los activistas no podemos salir para frenar las topadoras. La deforestación en cuarentena es responsabilidad de los empresarios y también de los gobiernos”.
Perderlo todo
La brutal deforestación del norte del país se explica por el avance de la frontera agropecuaria. Gran parte de esa producción (soja transgénica y ganadería intensiva) es exportada hacia Europa y China, con una rentabilidad que vuelve a los dueños de los campos indiferentes al daño ecológico.
“Estamos reemplazando un bosque por hectáreas de pastura de ganado y soja que terminan siendo forraje para chanchos. Lo plantean como un modelo de progreso, pero las provincias que más desforestan son también las más pobres”, insiste Giardini y recuerda un estudio del INTA que había probado que una hectárea de bosque chaqueño puede absorber hasta 300 milímetros de lluvia, mientras que una de pastura sólo cien, y una de soja, apenas 30 milímetros.
“Más desmonte –concluye– significa más inundaciones, más cambio climático, más desaparición de especies en peligro de extinción, más enfermedades y más desalojos para las comunidades indígenas, que son las que más lo sufren. Para ellas, perder el bosque es perder su casa, su almacén y su farmacia”.
La bajante histórica del río Paraná trae consecuencias económicas y sanitarias en el Litoral
La imagen causó estupor: las Cataratas del Iguazú sin turistas por la pandemia y sin el gigantesco caudal de agua que las ha convertido en una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo. Pero la bajante histórica del río Paraná, provocada por las sequías cuenca arriba, también trajo consecuencias más graves en términos económicos, complicando la operatoria de los puertos, y sanitarias, con el riesgo de interrumpir la provisión de agua potable en varias ciudades del país, en el contexto de aislamiento obligatorio por el coronavirus y de recomendaciones higiénicas por el dengue.
La empresa estatal del servicio de agua que abastece a Chaco, por ejemplo, reconoció que se redujo en un 25% por la pérdida de los rendimientos de las bombas de las tomas y adelantó que varias regiones se verán perjudicadas.
En Santa Fe la situación no es mejor. El descenso del nivel del Paraná se viene produciendo sin descanso desde fines de febrero, cuando el río apenas alcanzó los tres metros en el puerto local. Desde entonces bajó más de dos metros, provocando que las embarcaciones quedaran apoyadas sobre la arena y dejando al descubierto la manta protectora del túnel subfluvial que une las ciudades de Santa Fe y Paraná, lo que complicó el funcionamiento de la planta potabilizadora.
