“Cumplimos con nuestro compromiso de acompañar a los sectores más desprotegidos con medidas que les permitan vivir con mayor dignidad. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para aliviar la situación de los entrerrianos que menos tienen, y lo hacemos con responsabilidad y garantizando un gobierno para todos”, dijo el gobernador Gustavo Bordet.

Así se refirió la exención del pago del inmobiliario a  jubilados de menos recursos que tiene vigencia en la provincia desde este 1 de enero. La iniciativa, que forma parte de la reforma impositiva que impulsó el mandatario provincial para reducir cargas tributarias, alcanza a los jubilados provinciales y nacionales con una única propiedad y un ingreso del grupo conviviente que no supere los 17.000 pesos.

Ya son 4.000 los jubilados que a accedieron a este beneficio cuyo trámite no demanda más de media hora y realiza en cualquier oficina de ATER  presentando DNI y recibo de haberes.

El costo fiscal de esta exención se compensa con los pagos de ampliaciones de viviendas que no habían sido declaradas y que se están incorporando al impuesto inmobiliario.

El director ejecutivo de la ATER, Sergio Granetto, precisó que la política de gobierno se enmarca en la Ley de reforma tributaria provincial “consiste en la exención total del impuesto inmobiliario urbano para todos los jubilados y pensionados, tanto nacionales como provinciales, que tengan un ingreso total del grupo conviviente  de hasta 17.000 pesos mensuales y que tengan única propiedad”.

Este beneficio de la exención total del pago se puso en marcha el 1 de enero y la certificación se extiende por dos años. “Hay un grupo importante de jubilados empadronados en el beneficio”, precisó el funcionario que aclaró, que “al 31 de diciembre el beneficio era del 50 por ciento y con un ingreso menor, y desde el 1 de enero es del 100 por ciento y el ingreso del grupo familiar se incrementó para poder incluir a más beneficiarios”.

Granetto explicó que “el costo fiscal de la medida se financia a través de los metros cuadrados de mejoras no declaradas que se han ido incorporando al impuesto inmobiliario”.