Los abogados entrerrianos Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet presentaron este jueves ante el juez federal Claudio Bonadío, que lleva adelante la causa por los “cuadernos de las coimas”, un escrito de 20 fojas. En el texto, los letrados describen mecanismos de corrupción en torno de la obra pública expuestos en una entrevista radial por el fallecido empresario de la construcción Víctor Pietroboni, que los motivaron a presentar una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay en 2016. Los letrados se quejaron por no poder obtener información sobre la marcha de la investigación y sugirieron al magistrado que allane el domicilio del ejecutivo y las sedes de la firma en busca de documentación.
“Somos conscientes, plenamente, que esta causa reviste un interés superlativo para la Nación argentina y se erige sin dudas, como la más importante investigación sobre hechos de corrupción sistémica, siendo que se trató, claramente, de un mecanismo de saqueo sistemático y permanente de fondos públicos a través de un aparato organizado de poder para delinquir (asociación ilícita), conformado por funcionarios públicos y empresarios del sector privado, que utilizaron como modalidades propias y específicas de su ejecución, la cartelización de la obra pública para direccionar su adjudicación a las empresas socias del club, el sobreprecio y el pago de coimas, lo que implicó un drenaje permanente de fondos estatales hacia un grupo de funcionarios que estuvieron comandados por Néstor Kirchner primero y por Cristina Fernández, después”, introdujeron los letrados.
Luego, enumeraron la prueba arrimada, consistente en el audio de las declaraciones que el fallecido empresario de la construcción entrerriano Víctor Pietroboni formuló a un programa radial de Concepción del Uruguay.
“Libre y espontáneamente dio detalles precisos y contextualizados de cómo funcionó el sistema de la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, dando cuenta también de la participación y rol que les cupo a funcionarios de altísima línea de esos gobiernos que se sucedieron unos a otros, sin solución de continuidad, entre el año 2003 y el 2015”, indicaron.
“Concretamente, Pietroboni afirmó que las empresas operaban de forma cartelizada, explicando puntillosamente la metodología del sobreprecio, el pago de la coima o retornos como el porcentaje de los mismos y dando cuenta, sin ambages, de las personas que participaban de este plan sistemático de saqueo de fondos estatales a través de la obra pública”, agregaron, al tiempo que mencionaron también a los ex funcionarios José López y Julio De Vido y al empresario Lázaro Báez.
Más adelante, los letrados contaron que los dichos de Pietroboni los motivaron a presentar una denuncia penal el 16 de junio de 2016, que fue ampliada el 22 de agosto del mismo año, ante la fiscal federal de Concepción del Uruguay Mariela Montefinale y el juez federal Pablo Seró, a quienes les solicitaron “la inmediata y directa intervención, a fin de adoptar las medidas procesales y el temperamento que determinen las normas de forma y fondo vigentes”.
Los abogados explicaron luego las alusiones a sobreprecios, pagos de certificados de obras no realizadas y triangulaciones. Por ejemplo, señalaron que Pietroboni expuso que “se hacían 50.000 metros cúbicos de terraplén y se pagaban 200.000” o que “licitaba una obra el Gobierno de Santa Cruz, pero al convenio lo pagaba Vialidad Nacional, con la empresa adjudicada de antemano, merced a la práctica desleal y nada transparente de la cartelización”.
“Es evidente, por demás, que si como dijo Pietroboni el sobreprecio es una condición del mercado para poder pagar coimas, entonces, vaya la pregunta impertinente: ¿cómo se explica -con apego a la lógica más elemental y el sentido común- que su empresa -hoy continuada por sus hijos Victoria y Joaquín y su hermano Carlos- no solamente subsista en este medio hostil y corrupto, sino que, además, sea una de las que más factura en la Argentina”, advirtieron más adelante Pagliotto y Mulet.
“Se deduce, según sus propias palabras, que la facturación anual promedio de su empresa rondaría los 10.000 millones de pesos. Concluimos entonces que se le han adjudicado obras públicas a la empresa que preside, en las mismas ‘condiciones de mercado’ a las que alude en su declaración radial”, alertaron luego, al tiempo que advirtieron que la aparición de PIetroboni fue “oportunista” y que buscó “victimizarse ante la opinión pública”.
“En definitiva señor juez federal lo que intentamos con esta sencilla y acotada presentación es que estas declaraciones tan descriptivas de la matriz de corrupción que imperó en Argentina, brindadas por el empresario premencionado dos años antes de que estallara el caso de los cuadernos del imputado Oscar Centeno, no queden tabicadas o encapsuladas en los límites de nuestra provincia de Entre Ríos, sino que las mismas sean de su conocimiento, incluso también de otros colegas suyos, puesto que ellas, seguramente, serán de gran utilidad para la pesquisa que llevan adelante”, expresaron, antes de aclarar que no los “animó la más mínima inquina contra Pietroboni”.
En otro pasaje del escrito, Pagliotto y Mulet mencionaron a “un profesional de las ciencias económicas oriundo de Concepción del Uruguay que sería quien gestionaba y ejecutaba parte del mecanismo de corrupción” sobre quien se comprometieron a aportar su identidad apenas logren saber de quién se trata.
Otro punto sobre el cual hicieron hincapié los letrados es que “en compensación de los porcentajes de retornos (coimas) que se obligatoriamente se le entregaban a funcionarios como los que se han imputado en autos, por orden expresa de Julio De Vido y en connivencia con Ricardo Etchegaray, a la sazón titular de la AFIP, se le concedían a los empresarios adjudicatarios saldos de IVA a través de facturas apócrifas, sumado a ello que el 21% de IVA que sí se les dejaba para que afronten el inicio de las obras (los adelantos financieros eran entregados en su totalidad al aparato de saqueo), no lo aportaban en tiempo y forma a la DGI, con la aquiescencia de sus autoridades que, además, garantizaban a los empresarios que ante Inspecciones Integrales de AFIP-DGI, tendrían cobertura, asegurándoles impunidad”.
Sobre el final, los abogados cuestionaron “el silencio sepulcral” del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, adonde intentaron en dos oportunidades obtener “infructuosamente alguna información sobre la marcha y estado de la denuncia”.
“Sin lugar a dudas que, si no se han registrado avances significativos hasta el momento luego de dos años, se habrá perdido mucho tiempo y desperdiciado oportunidades esenciales. Es por ello que entendimos pertinente, útil y oportuno arrimar estos elementos probatorios contundentes a la causa nacionalmente conocida como la de los ‘cuadernos de las coimas’”, completaron.
Por último, Pagliotto y Mulet sugirieron a Bonadío disponer allanamientos y orden de requisa en el domicilio de Pietroboni y en las sedes de su empresa, a fin de “proceder al formal secuestro de toda la documentación vinculada a la obra pública llevada a cabo entre mayo de 2003 a la fecha”. También recabar de los gobiernos nacional y de Entre Ríos, municipios y jurisdicciones en las que la firma opera como contratista “a fin de que informen acerca de las obras adjudicadas a empresas del grupo Pietroboni y solventadas con dineros del fisco nacional, independientemente de qué jurisdicción llevó adelante el proceso u actos licitatorios”.Fuente: Análisis Digital
