El sábado se dio el mensaje más contundente a la clase política en lo que va de la causa de los contratos truchos. Se está cerca del final de la investigación, si se tiene en cuenta que los fiscales anunciaron que a fines de marzo se estaría haciendo la remisión a juicio. La prueba recolectada por los investigadores es voluptuosa y contundente. Resta saber cuántos más queda de la ruta del dinero extraído desde el seno de la Legislatura.

Federico Malvasio – De la Redacción de Página Judicial

¿Cuáles son los escalones más altos de la estructura? Esa pregunta quedó en el aire luego de que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry hicieran referencia en tres oportunidades a estar en ese estadío. Fue durante la audiencia en la que se decidió enviar a la Unidad Penal de Paraná a Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, los supuestos recaudadores de los dineros que surgían de los contratos truchos. Las preguntas que siguen son: ¿Hay otro escalón? ¿O este fin de semana se avanzó con el último? Fueron las dudas que se impregnaron en el público que mira con atención esta película.

Los investigadores hicieron una promesa audaz. A fines de marzo estarían en condiciones de convocar a una audiencia para remitir la causa a juicio. Quedarían diez días de diciembre, todo febrero y marzo. Yedro, Aramberry y la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche están abocados a trabajar en la causa mañana, tarde y noche. Es el caso de corrupción más escandaloso de la provincia. Se desviaron, según la imputación, 1.230 millones de pesos en el seno de la Legislatura durante la última década. Pero podrían ser más.

Aguilera, tras las rejas, es el mensaje más contundente que el Poder Judicial haya dado a la política en el último tiempo. Es el cuñado de Sergio Urribarri, que viene de dejar la Gobernación que lo tuvo al frente durante dos períodos y actualmente preside la Cámara de Diputados. Aguilera fue y es Urribarri.

Las pruebas que se ventilaron el sábado son esclarecedoras sobre el funcionamiento de la estructura que se está investigando bajo la figura de asociación ilícita. Su detención debe leérsela desde la semiología más que desde el punto de vista jurídico. Fue un golpe.

La causa es básicamente documental. La información surge de los allanamientos. De allí el anuncio de los fiscales de estar a fines de marzo remitiéndola a juicio. En las audiencias en las que se definieron las prisiones preventivas se ventiló buena parte de lo recolectado en los procedimientos en los que se incautaron tarjetas de débito, planillas y conversaciones que se entrecruzaron entre los actores de la trama que dan cuenta de cómo funcionaba el mecanismo.

¿Hay en la prueba conversaciones que involucren a más actores? El sábado se escuchó el nombre de una tal Soledad Russo solicitando el pedido de alta de unos contratos. Resultó ser la secretaria de un legislador. También el nombre de un tal Berthet que no se pudo constatar. Se trata de Hugo Berthet, ex diputado y ex presidente del bloque de senadores justicialistas en la tercera gestión de Jorge Busti. Un personaje de historietas que aparentemente no se jubiló.

La causa tiene a los administrativos del Senado, Gustavo Pérez y Aguilera, presos. Al segundo, en realidad, se lo vincula, con razón, a la Cámara de Diputados. También están en la misma situación integrantes de uno de los estudios contables que formaban parte de esta organización delictiva. Ellos son Alfredo Bilbao y Ariel Faure. El par de Pérez, Sergio Cardoso, finalmente logró la domiciliaria. Convenció a la jueza de Garantías Marina Barbagelata que no estaba en sus intenciones entorpecer la investigación.

Los pares de Bilbao y Faure, es decir el estudio contable “Integral Asesoría”, no han sido ni siquiera imputados. Ellos son Pedro Opromolla, Gustavo Falco y Guido Krapp. Las sospechas sobre este punto son gravitantes. La conexión entre Opromolla y Goyeneche con un departamento en común cayó como una bomba. La relación del marido de la fiscal, Sebastián Orlando, con el estudio contable es un escándalo. Los fiscales creen, con razón o no, que esa información la facilitaron abogados defensores para desviar la atención. ¿Ahora, qué hacemos con la relación comercial de uno y laboral del otro y cuya prueba está en el propio legajo de los contratos truchos? La procuradora adjunta dio explicaciones en su gremio, la Asociación de Magistrados. Se desconocen. Casi en consonancia el gran público conoció la existencia del Consejo de Fiscales de la Provincia de Entre Ríos. Salió a expresar su preocupación ante “el intento de obstaculizar las investigaciones de hechos de corrupción, evidenciadas en operaciones políticas y mediáticas tendientes a desviar la atención de la ciudadanía”. ¿Tendrá algo para decir alguna organización que defienda a los trabajadores de prensa?

Pero no desviemos la atención.

El otro hombre que viene surfeando el devenir de la causa es Juan Domingo Orabona, a quien se le imputó bajo los mismos cargos que Aguilera. El hombre preside el Instituto del Seguro.

Luego de que Página Judicial revelara la investigación, el 3 de octubre, se hicieron especulaciones respecto de la inminente imputación por parte de la justicia de quienes fueron presidentes de las cámaras entre 2008 y 2018: José Eduardo Lauritto, José Cáceres, Adán Bahl, José Ángel Allende y Urribarri. No era para menos. Cuesta entender que se hayan desviado 1.230 millones de pesos, o más, sin el más mínimo conocimiento de los presidentes de los cuerpos. Con el sólo hecho de saber lo que sucedía, aunque no hubieran sido parte, y no denunciar habrían incumplido con sus deberes de funcionario público. El período de Jorge Busti se lo exceptuó de la investigación. Este medio dio cuenta de la existencia de un acta en la que se expresa que del período 2007 – 2011 no hay documentación que respalde el gasto. Una delicia.

En la audiencia del sábado se dio a conocer un informe solicitado al Banco de Entre Ríos SA (Bersa) que consta en el legajo. Dejó un dato estremecedor: Almada cobró 112 millones de pesos en el período comprendido entre marzo de 2017 y septiembre de 2018. O sea, seis millones y medio por mes. ¿El dinero quedó para el joven Almada o se repartió? Si fue a las arcas de Almada, el sábado se encarceló casi a un magnate.

Un observador minucioso de esta película presupone que no hay lugar para hacer un corte en la investigación. De hacerse, será otro papelón.