La fiscal destituida de su cargo luego de participar en la investigación que condenó al ex gobernador de Entre Ríos remarcó que lo que más la sorprendió fue “la impunidad con la que se movían”.

Este lunes, la ex fiscal entrerriana Cecilia Goyeneche reveló que en uno de los allanamientos realizados dentro de la investigación a Sergio Urribarri, quien posteriormente fue condenado y destituido, encontraron un disco rígido externo que definió como una “caja negra de la corrupción”. “Tenía muchísima información. Lo tiraron por un ventiluz al techo de una casa vecina en el momento en que entraba el allanamiento”, relató Goyeneche con respecto al operativo que tuvo lugar en una empresa que era propiedad de un familiar de Urribarri, que “además era funcionario público, un colaborador íntimo de él”, detalló.

Asimismo, añadió que se sorprendió frente a “la cantidad de registros que van haciendo, probablemente por la desconfianza en los colaboradores”, como así también por “el grado de desparpajo con la que se registra la ilicitud”. En esta misma línea, remarcó que lo que más llamó su atención fue “la impunidad con la que se movían”.

Cecilia Goyeneche fue destituida de su cargo luego de que el ex gobernador de Entre Ríos fuera condenado. Si bien fue apartada por otra causa, sostiene la sospecha de que se trató de una “venganza política” con el objetivo de que “no se vuelvan a realizar investigaciones de corrupción con esa fuerza y que los fiscales no se animen o titubeen antes de hacerlas”.

Según indicó en diálogo con Todo Noticias (TN), el actual gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, estuvo involucrado en su destitución y, además, se cometieron una serie de irregularidades en el procedimiento.

“Fue tan drástica la situación y las ganas que tenían de destituirme desde un primer momento en el jurado de enjuiciamiento, que en esos días modificaron la forma en la que se iba a llevar mi juzgamiento y eliminaron la acusación que establece la ley”, declaró.

Por su parte, Urribarri fue condenado el 7 de abril a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la administración pública. Investigación que fue encabezada por Goyeneche.

Sin embargo, la ex fiscal anticorrupción fue expulsada de la Justicia el 23 de mayo, acusada de no haberse apartado de una causa sobre “contratos truchos en la legislatura” siendo que mantenía una relación cercana con uno de los imputados.

“No creo que me haya debido excusar porque esto se trata de una causa en donde se investigaba un desfalco enorme en la Legislatura entrerriana. Se descubrió casi por casualidad que estaban sustrayendo sumas de dinero durante más de diez años, desde 2008 a 2018. Determinamos que sería una suma aproximada de 53 millones de dólares la que se llevaron en ese período”, argumentó.

A lo que añadió: “Se investigó a 32 personas. Dentro de esas personas había una persona conocida mía, amigo de mi esposo, y el problema es que la ley que me rige como fiscal en Entre Ríos establece que solo me puedo excusar en caso de que se vea gravemente afectada mi objetividad. Y eso no es algo que me pasaba. No hubo ninguna afectación a la investigación por el hecho de que no me excusara”.

“No solamente no debía excusarme, porque así lo establecía la legislación aplicable, sino que además, aunque hubiera debido hacerlo, no existen antecedentes de que a alguien lo destituyan porque se excusó o no se excusó”, sostuvo y señaló que el dictamen le parecía “ilógico”.

En cuanto a la investigación que condenó a Urribarri, Goyeneche se mostró orgullosa por el trabajo y remarcó que volvería a hacerlo de la misma manera a pesar de las consecuencias. “Es la única forma en la que me concibo”, agregó.

“Tengo cinco hijas y no concibo la posibilidad de llevar adelante la función pública y de vivir en un país con esa ausencia de normas. La única forma de que construyamos algo posible es cumplir adecuadamente con nuestro deber. No hice nada heroico ni extraordinario, solamente hice lo que tenía que hacer”, expresó.

Para concluir, señaló las dificultades que implica la realización de investigaciones de ese tipo. “Obtener la prueba es sumamente difícil. Las investigaciones son documentales y la documentación está en poder del gobierno. Si no hay cambio de signo político o internas es muy difícil encontrarla. Si no, tienen todo el poder de restringir o demorar el proceso”, detalló.

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