La jueza Marina Barbagelata resolvió 128 procesamientos en el marco de la causa por el desfalco a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
Las notificaciones deberán realizarse en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), hasta el 9 de febrero de 2018. En el marco de este expediente, una de las últimas novedades fue la resolución del gobierno provincial que ratificó los sumarios administrativos y exoneración de dos ex empleados del ente recaudador. Las compensaciones truchas fueron denunciadas en 2014 por el ex titular del organismo, Marcelo Casaretto, y estiman que el desfalco a la administración pública supera los 46 millones de pesos.
Procesaron a 128 personas en el marco de la causa ATER. Todos tendrán tiempo hasta el 9 de febrero para notificarse en la OGA y en caso de no presentarse se ordenará “su compulsa y traslado mediante la fuerza pública”. Entre los imputados que deberán presentarse está María Estrella Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión. Ambos ex empleados del ente recaudador provincial habían hecho una apelación jerárquica contra el sumario administrativo que se les inició en 2015, tras la denuncia y por lo que fueron separados de sus cargos. Pero el gobierno provincial ratificó en noviembre pasado esos sumarios administrativos, con una publicación en el Boletín Oficial.
La causa ATER es una de las investigaciones judiciales más importantes para la historia penal entrerriana por su volumen, complejidad y la magnitud de los ilícitos que se investigan. Tiene 292 imputados, entre personas físicas y empresas, es decir contribuyentes del Estado provincial que en miles de operatorias impositivas -a través de compensaciones simuladas-, participaron de un hurto millonario contra el Fisco. El cálculo inicial sobre la defraudación supera los 46 millones de pesos. Pero hubo compensaciones por montos menores a 15.000 pesos, sobre los cuales se decidió no avanzar la investigación judicial.
Las coimas no tienen recibo. En la defraudación millonaria al Estado entrerriano, ejecutada a través de compensaciones tributarias simuladas en la ATER, probablemente hubo más que cuatro empleados “infieles”. Probablemente hubo funcionarios y altos jerarcas de la política provincial que supieron de las maniobras ilegales y en lugar de denunciar lo que pasaba, tomaron una tajada de la torta. Pasó miles de veces en una década -período comprendido en la causa judicial-, pero nada indica que operatorias de este tipo no se hayan ejecutado desde varios años antes, por lo menos desde 2000, cuando se implementó el Sistema Administrativo Tributario (SAT), programa informático interno que permitió que se licúen las deudas a cientos de contribuyentes.
En 2014, cuando la suspicacia de una empleada rasa hizo estallar la bomba, el hilo se cortó por lo más delgado. En la picota se colocó a cuatro que se desempeñaron en lugares claves, empleados que accionaron directamente para ejecutar las maniobras ilegales. La más importante por su jerarquía, Estrella Martínez de Yankelevich -ex jefa de Despacho de la ATER-, en un principio fue exonerada del organismo y luego se jubiló. Le seguía quien entonces era jefe de Mesa de Entradas, Daniel Gaggión, señalado como responsable de consignar con su clave personal y secreta en el SAT, créditos inexistentes en favor de algunos contribuyentes y en contra del Estado.
El tercer imputado es Darío Barreto, ex director de Interior de ATER y ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador; encargado de ofrecer a contribuyentes compensaciones de duda pagando un 70 por ciento del total, si se hacía en efectivo. El cuarto, Fabrizio Dayub, ocupó el mismo cargo que Barreto cuando la ATER aún era Dirección General de Rentas (DGR).
Según lo que actualmente consta en la causa judicial, entre ellos cuatro concretaron la maniobra. Los testimonios sindican a Barreto y Dayub como quienes ofrecieron a los contribuyentes, compensarle deudas impositivas que mantenían con el Estado provincial a un 70 por ciento del total. El particular entregaba la documentación necesaria para iniciar un expediente por compensación y abonaba en efectivo el 70 por ciento de su deuda.
Según lo que actualmente consta en la causa judicial, los testimonios sindican a Darío Barreto y Fabricio Dayub como quienes ofrecieron a los contribuyentes, compensarle deudas impositivas que mantenían con el Estado provincial a un 70 por ciento del total. El particular entregaba la documentación necesaria para iniciar un expediente por compensación y abonaba en efectivo el 70 por ciento de su deuda.
