Así lo decidió el viernes pasado, cuando se analizó la suba de las retenciones y el impacto sobre la actividad económica; viernes 3 de enero se realizará un encuentro similar en Río Cuarto.
l pasado viernes 27 de diciembre, la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) convocó a una Asamblea Multisectorial, en la que participaron productores, vecinos y representantes de las cámaras industriales y comerciales del centro y norte de Córdoba.
Con el acompañamiento de diversos actores sociales, los productores agropecuarios del norte cordobés expresaron su descontento y preocupación por las recientes medidas oficiales, que incluyen el aumento a las retenciones. Así también, exigieron información certera sobre el destino de sus aportes en retenciones.
Mientras aguardan la respuesta del Gobierno, al pedido de no aumentar tres puntos adicionales a las retenciones, la asamblea resolvió mantenerse en estado de alerta permanente.
“Queremos decirle al nuevo Gobierno que con estas medidas no van a ingresar más dólares, sino todo lo contrario. La presión tributaria tendrá como resultante menos siembra, menos ganado y menos inversiones para las economías regionales”, destacó Luis Magliano, presidente de la SRJM.
“Al campo no hay que ponerle un freno; no hay que pisarlo. Si no existieran estos impuestos distorsivos, sumaríamos más valor, mano de obra e inversiones”, agregó.
La asamblea contó con la presencia de dirigentes del ámbito comercial y representantes de Coninagro, Cartez y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Resolución
La asamblea resolvió hacer público un texto con ocho conclusiones.
Uno. La ciudadanía necesita conocer cuál es el programa económico del Gobierno Nacional, que genere certezas tendientes a promover el desarrollo y crecimiento de la producción.
Dos. Rechazar rotundamente los derechos de exportación puesto que impactan fuertemente en la sustentabilidad del sistema productivo, un sector central para el equilibrio social, ambiental y económico.
Tres. La pobreza, que no la generaron los sectores productivos, es responsabilidad de quienes administraron y nunca explicaron el destino de los más de 170 mil millones de dólares que los derechos de exportación aportaron el fisco en los últimos 17 años.
