El exdiputado provincial José Ángel Allende (PJ-Nogoyá) firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció su crecimiento patrimonial en más de un millón de dólares y por ende tendrá que entregarle al Estado provincial su mansión del Parque Urquiza (valuada en más de 700 mil dólares) y una casa de calle Laprida 152 (tasada en 378 mil dólares).

La denuncia por su enriquecimiento fue realizada por ANÁLISIS en marzo de 2012 y a partir de allí se le abrió una causa. También reconoció el delito de negocios incompatibles con la función pública -también revelado por la revista- y por ende deberá pagar una multa de 3 millones de pesos.

En tanto, tendrá que cumplir una pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses y será inhabilitado de modo perpetuo para ejercer cargos públicos. Esto último, como consecuencia, además, de las amenazas a la ministra de Salud, Sonia Velázquez y al periodista Martín Carboni. La información fue confirmada por el abogado de Allende, Leopoldo Lambruschini. Los bienes que se decomisen podrían ser la sede del Consejo de la Magistratura y las oficinas de la Fiscalía de Género. Por Daniel Enz  (de ANALISIS)

El exdiputado ya no podrá observar más el atardecer desde su lujosa mansión del Parque Urquiza, que abandonó a principio de año. Tampoco mantener reuniones en la vieja casona de calle Laprida. Esta vez bajó los brazos y acordó con la justicia un juicio abreviado por un combo de delitos cometidos en los últimos tiempos. Reconoció que se enriqueció ilegalmente siendo diputado provincial una y otra vez; que cometió negocios incompatibles con la función pública; que amenazó a la ministra Sonia Velázquez y también al periodista Martín Carboni. Y por ende tendrá que pagar por ello.

Allá por marzo de 2012, la nota de tapa de la revista ANÁLISIS, firmada por el periodista Jorge Riani, derivó en el inicio de una causa por enriquecimiento ilícito, pero también por negocios incompatibles con el Estado: giraba subsidios a la fundación que preside su actual mujer, firmados y entregados por él mismo en actos públicos.

Cuando se le hizo una tasación oficial desde la justicia, en 2016, los profesionales actuantes determinaron que Allende tenía entonces bienes por más de 2,5 millones de dólares, pese a que algunos inmuebles no aparecieron en el relevamiento realizado en Paraná y Capital Federal. La cifra exacta fue de 2.512.965 dólares. El detalle, era el siguiente:

—Residencia en calle Castelli, pleno Parque Urquiza: 720.922 dólares.

—Piso 27 en Puerto Madero, Capital Federal: 536.000 dólares.

—Casa quinta en Sauce Montrull, 368.162 dólares.

—Semipiso en el edificio Torres del Cóndor, pegado al Hotel Marán, en pleno Parque Urquiza. Fue adquirido por Diana María Traverso (exesposa) en fecha 28/06/2007 y donado posteriormente a sus hijos en octubre del 2010. Está a nombre de Victoria, Carolina y Julio Allende. Está valuado en 297.192 dólares.

—Departamento 10 «A» en el edificio de calle Cervantes y Santiago del Estero, 130.600 dólares.

—Departamento 10 «B», en el mismo edificio, 81.800 dólares. Los dos inmuebles están a nombre de José Angel Allende, hijos y la señora Traverso.

—Inmueble ubicado en calle Laprida Nº 152, Paraná, Matricula Nº 148596, Plano nº 111159. Adquirido por José Ángel Allende, el 25 de noviembre de 2004, posteriormente donado a sus hijos en diciembre de 2006. Sale 378.289 dólares. O sea que hace a un total de 2.512.965 dólares.

Nuevo intento y acuerdo

En los últimos años, Allende no dejó apriete sin hacer, tratando de hacer honor a su apodo de descendencia familiar de Machito. Mandó a apretar a una funcionaria de Salud de Diamante pero pudo zafar de la justicia; amenazó a la ministra de Salud, Sonia Velázquez y a la vez también al periodista Martín Carboni. Allende se sintió cercado por la justicia y se dio cuenta que los tiempos políticos se le fueron acabando, más aún cuando no le dieron ningún tipo de lugar en el bordetismo.

Ese fue el marco por el cual se avanzó en un nuevo acuerdo de juicio abreviado, esta vez sin Rodríguez Allende, sino de la mano del abogado Leopoldo Lambruschini, del estudio Federik. El escrito se terminó de formalizar el 28 de mayo, después de ocho meses de negociaciones. Allí, Allende dejó establecido que reconocía todos los delitos que se le imputaban.

El informe del enriquecimiento ilícito, según el escrito final del Gabinete Técnico Contable del Ministerio Público Fiscal, dejó establecido que el exdiputado tuvo un crecimiento patrimonial sin justificar de 1.069.841 dólares. Por ello fue que se acordó el decomiso de bienes inmuebles, cuyo valor de tasación en dólares es mayor a la totalidad del producido por delito que surge del monto del enriquecimiento no justificado. Por ende, se dispuso el decomiso del inmueble de calle Laprida 152 de Paraná, de más de 340 metros cuadrados y valuado en 378.289 dólares y, a la vez, de su mansión de cuatro pisos en calle Juan José Castelli 10, de 199 metros cuadrados, valuado en 726.922 dólares. O sea que la suma es de 1.105.211 dólares.

A la vez, se le impuso una multa de 3 millones de pesos, que sería el equivalente al 60% del valor del enriquecimiento, en pesos.

Y se impone una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Además, se estableció, como norma de conducta por el plazo de dos años: “la prohibición de realizar cualquier tipo de actos violentos, molestos y/o perturbadores a las víctimas y sus grupos familiares, por sí o por interpósita persona”; “realizar algún tipo de actividad relacionada con la violencia de género y la libertad de expresión” que se determine desde la justicia; “la prohibición de verse involucrado en cualquier comportamiento violento”.

El decomiso de los bienes es en favor del Estado provincial. Y en el acuerdo quedó establecido que, a entender del Ministerio Público Fiscal “se entiende oportuno asignar el inmueble a decomisar, de calle Castelli 10, para la sede del Consejo de la Magistratura, que carece de lugar propio”. Y que el inmueble de calle Laprida “sea asignado al Poder Judicial, con destino a la Unidad Fiscal de Género de Paraná”.

El escrito fue firmado por Allende; su abogado Leopoldo Lambruschini; la fiscal Laura Cattáneo; el fiscal Alvaro Piérola (que llevó adelante el caso Carboni); el fiscal Leandro Dato (que trabajó el expediente por el caso de la ministra Velázquez) y la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. La audiencia posterior con el juez de Garantías pertinente será solamente un trámite formal de la justicia.

Quedó sellado el final de un dirigente que le hizo mucho daño a la política, al Estado entrerriano y al peronismo. Y el acuerdo fue también un llamado de atención para esa dirigencia gremial y política que lo vino sosteniendo por décadas, como buena parte del periodismo entrerriano. Que se engañó con sus movimientos de poder, con su discurso vacío y lleno de mentiras; que bancó sus aprietes, sus golpes bajos, sus métodos repudiables.

Allende no estará más en lugares públicos y tuvo que entregar parte de su patrimonio. Y por tres años no podrá cometer ningún error, para no terminar en la cárcel, como le sucediera al exsenador Mario Yedro (PJ). Algo se avanzó, aunque seguramente habrá quienes no están de acuerdo. Y lo decimos desde esta pequeña tribuna, después de denunciarlo periodísticamente a Allende por casi 30 años, con innumerables tapas, soportando sus advertencias y amenazas. Y con demasiados mirando para otro lado. Fuente: Análisis.